Pese a que la reforma financiera iba a meter en cintura a los despachos de cobranza que contratan los bancos y otras entidades para recuperar sus créditos, las quejas contra estas empresas siguen.

La Condusef informó que en el 2016 recibió 28,220 quejas por malas prácticas de despachos de cobranza. Aunque esta cifra es 8% menos que las registradas en el 2015, la cifra resulta aún considerable.

(La baja) obedece en buena parte a que las instituciones financieras tienen más cuidado y atención de las prácticas que llevan a cabo los despachos que contratan , refirió la comisión.

De acuerdo con la dependencia que encabeza Mario Di Costanzo, el sector con mayor número de quejas en el 2016 fue el de banca múltiple, con 21,666 (77% del total), seguido de las sofomes no reguladas con 3,729 (13 por ciento).

La institución bancaria con el mayor número de quejas por este concepto fue Santander, con 4,742; a este banco le siguieron BBVA Bancomer, con 3,416; Banamex, con 3,362; Banorte, 2,833, y Banco Azteca, con 2,184. Estas instituciones, empero, son las que más clientes concentran.

La Condusef precisó que las principales causas reportadas por los usuarios fueron: gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente o socio deudor; los despachos no se dirigieron de manera educada y respetuosa; amenazaron, ofendieron e intimidaron al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona.

Por otra parte, la dependencia refirió que los despachos de cobranza que registraron el mayor número de quejas son: Muñoz C. y Asociados SA de CV, Servicios Técnicos de Cobranza SA de CV y Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada SA de CV.

La Condusef recordó que, como resultado de la reforma financiera, los despachos de cobranza contratados por las entidades financieras para la gestión de su cartera deben acatar las nuevas disposiciones que regulan su conducta, tales como: identificarse plenamente; dirigirse al deudor de manera respetuosa; comunicarse o presentarse sólo entre las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y no utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a las de instituciones públicas.

Tampoco pueden amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o a cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda, realizar gestiones de cobro a terceros ni enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales.

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