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Senado promete cirugía a iniciativa antilavado
Alejandro González Alcocer, garantizó que la iniciativa del presidente Felipe Calderón en materia de combate al lavado pasará por cirugía en ese órgano legislativo, con el fin de no afectar la actividad comercial ni que la sociedad se convierta en perseguidora de ese delito.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer (PAN), garantizó que la iniciativa del presidente Felipe Calderón en materia de combate al lavado pasará por cirugía en ese órgano legislativo, con el fin de no afectar la actividad comercial ni que la sociedad se convierta en perseguidora de ese delito.
En entrevista, el Presidente de la Comisión de Justicia -donde está depositada la iniciativa de Calderón para su análisis- recordó que en diciembre pasado la ley antilavado de dinero estuvo a punto de ser aprobada, pero se pospuso para febrero próximo, con el fin de que la norma subsane las inquietudes de notarios, corredores y fedatarios públicos, así como las recomendaciones emitidas el lunes por parte del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) que calificó con 5.6 la iniciativa presidencial, por considerar que se debe incluir a partidos, asociaciones religiosas, bancos y casas de empeño como sujetos obligados a reportar a la autoridad actividades sospechosas.
González Alcocer además comentó que la iniciativa presidencial ya fue modificada sustancialmente por acuerdo del PAN, PRI y PRD desde el 14 de diciembre pasado, como lo detalló ese día este diario.
Estuvimos a punto de dejarla lista, faltarán cosas mínimas. Logramos acuerdos en casi todo. Creo que se va a retomar el trabajo y en los primeros días (de febrero) podría salir (aprobarse) , enfatizó Alcocer.
Afirmó que las recomendaciones sobre sujetos obligados, uso de efectivo, visitas de verificación de la autoridad hacendaria, control de la información, delitos y sanciones administrativas que pidió el CEEY, tienen una clara justificación, por lo que sus observaciones serán tomadas en cuenta al momento de la dictaminación en el Senado.
El CEEY dice que puede alcanzar la calificación de 8 si esto se corrige y esto es correcto , dijo.
En su evaluación, el CEEY dijo que de ponderarse estas recomendaciones, la iniciativa presidencial podría tener una calificación de 8, de acuerdo con su presidente, Enrique Cárdenas.
Finalmente, durante su reunión plenaria en Acapulco, Guerrero, la bancada del PRD en el Senado ofreció su respaldo para la aprobación de esta norma durante el periodo de sesiones entre febrero y abril próximos.
Modificaciones a la iniciativa
A continuación algunos de los principales cambios realizados en el dictamen del Senado de la República a la iniciativa de Felipe Calderón:
La Secretaría de Hacienda conserva que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.
Aumenta de 100,000 a 200,000 pesos el monto permitido para operaciones como compra de vehículos nuevos o usados; joyería, metales preciosos, obras de arte; adquisición de boletos para juegos de apuestas; blindaje de vehículos y de 1 millón de pesos para la transmisión de propiedad o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles.
Contempla la creación de la unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada a cargo de la SIEDO de la PGR.
Contempla que notarios, corredores y fedatarios públicos reporten actividades específicas que puedan ser susceptibles de vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado, como los juegos de apuestas y compra-venta de bienes muebles e inmuebles.
Se eliminan las sanciones penales en contra para dejarlas en sanciones administrativas y económicas cuando falseen, impidan u omitan entregar la información.
Se inserta a los bancos como corresponsables de combatir ese delito, a través de reportes a la autoridad, hecho que Calderón no contempló.
Respecto de las multas, prevén de 200 y hasta 3,000 salarios mínimos, a quien incumpla la ley; incumpla con la presentación de reportes a la autoridad, y con dos a ocho años de prisión a quien proporcione información falsa o la altere, incluidos los servidores públicos.
Los profesionistas no estarían obligados a reportar directamente a la autoridad, sino mediante una entidad colegiada que deberá crearse.
jmonroy@eleconomista.com.mx
