El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el Blanqueo de Capitales hizo a México 137 observaciones, principalmente, centradas en la mejora en el combate al lavado de dinero y el marco legal e institucional en materia de financiamiento al terrorismo.

En el tercer informe de seguimiento, el más reciente que se hace junto con el Fondo Monetario Internacional y el Gafisud, se confirma que México ha tomado medidas concretas para hacer frente a 90% de todas las deficiencias detectadas en las evaluaciones anteriores, lo que significa que hay un margen para seguir mejorando en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Entre las deficiencias, el GAFI destaca que no se ha dado ningún progreso en materia de congelamiento y decomiso de activos de terroristas. Se menciona que son necesarios más recursos para el combate de este ilícito y más personal para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Falta más coordinación entre autoridades judiciales y tipificación del delito. Si se logra corregir esto antes de febrero del próximo año, fecha en que el GAFI se vuelve a reunir, ya no será necesario un seguimiento regular hacia México.

Se reconoce que ha cumplido plenamente con muchas de estas observaciones y ha tomado acciones concretas que dependen de la aprobación de una ley por el Congreso para cumplir plenamente con las adicionales, tomando en cuenta que han pasado cuatro años desde la primera evaluación. Se espera que para la próxima sesión plenaria, México presente un progreso tangible en las recomendaciones que están parcialmente cumplidas como en las relacionadas con la criminalización de los delitos.

DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS

En el reporte se hace mención que es motivo de preocupación de la Secretaría de Hacienda el que no se tengan resultados para cumplir la recomendación especial número tres sobre el financiamiento al terrorismo.

Entre las deficiencias que se detectaron a lo largo de las evaluaciones mutuas y que se ha tratado de subsanar, se menciona que si bien la UIF ha fortalecido su infraestructura de inteligencia financiera y capacidad, actualmente, no tienen acceso directo a los antecedentes penales y el número de personal es bajo en relación con sus tareas. Que la reorganización de las fuerzas federales de investigación ha creado dificultades en la coordinación entre dichas fuerzas y los fiscales.

El delito de lavado no se está aplicando eficazmente. Hay una atención insuficiente a las investigaciones de lavado cometidas a través de instituciones financieras. Subutilización de los reportes de inteligencia, están sin regulación y supervisión las sofomes no reguladas. Control insuficiente de centros cambiarios y empresas de envío de dinero.

No hay requisitos explícitos en las normas para obtener la dirección para las cuentas de las personas políticamente expuestas y relaciones existentes. Las sanciones que se imponen a las instituciones financieras no son lo suficientemente disuasorias.

leonor.flores@eleconomista.mx