La semana pasada, el Senado de la República aprobó sanciones más duras, incluso de cárcel, para los representantes de despachos de cobranza que abusen en las formas (amenazas, intimidaciones y malos tratos) para tratar de cobrar créditos a los deudores.

Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, explicó que ahora se han tipificado como delitos los cobros con amenazas e intimidaciones, además de que se utilice para este fin papelería que asemeje ser de alguna institución judicial, entre otros.

En conferencia, explicó que una vez que entre en vigor esta medida (falta que la publique el Ejecutivo federal) la Condusef recibirá las quejas de los usuarios por estos motivos (como a la fecha), pero ahora no sólo se lo hará saber a los bancos para que corrijan este actuar, sino que dará aviso a la autoridad judicial.

No obstante, aclaró que es el usuario quien debe presentarse a las instancias judiciales para hacer la denuncia correspondiente. El funcionario precisó que la responsabilidad recaería en quien cobre los adeudos de forma ?ilegal.

Refirió que si hoy ya estuvieran publicados estos cambios, 5,477 incidencias (de las 22,344 recibidas entre enero y abril del 2017) caerían en las cuatro causas tipificadas como un delito.

Agregó que las personas que hicieron reclamos de ese tipo en los primeros cuatro meses del año son clientes de 168 instituciones financieras (bancos y otras) y están involucrados 111 despachos de cobranza.

La entidad en donde se han realizado más reclamaciones por acciones que ahora ya están tipificadas como delitos en lo que va del año son la Ciudad de México y el Estado de México, ello, dijo Di Costanzo, pese a que en la primera ya hay un antecedente de sanciones más severas contra el cobro ilegal de los despachos.

El funcionario detalló empero que, desde la reforma financiera del 2013, la Condusef ya combate las prácticas indebidas de los despachos de cobranza, y que incluso hay un registro de este tipo de empresas en su sitio de Internet. Ahora lo que se hizo fue que se tipificó como delito la cobranza ilegal.

Derivado de la existencia del Registro de Despachos de Cobranza las quejas contra este tipo de empresas bajaron de 34,000 en el 2015 a 28,000 en el 2016.