El Banco Central Europeo (BCE) aseguró que los recientes casos de inviabilidad bancaria, como el del español Banco Popular, o los previsibles casos de inviabilidad de los italianos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, han permitido extraer enseñanzas de "gran utilidad" tanto para la supervisión continuada como para el funcionamiento del marco de gestión de crisis.

Así se desprende del informe anual sobre las actividades de supervisión del banco central de la zona euro, donde se indica que la "estrecha colaboración y el exhaustivo intercambio de información" entre todas las partes involucradas contribuyeron significativamente al correcto funcionamiento de un proceso llevado a cabo con plazos muy ajustados, permitiendo a las autoridades actuar "con prontitud y dar respuesta a la situación dentro de los plazos establecidos".

Otra enseñanza fundamental se refiere a la importancia de que la declaración de inviabilidad o previsible inviabilidad de un banco se produzca en el momento oportuno. "En una crisis, tomar medidas en el momento preciso es esencial para evitar que la situación de la entidad de crédito se deteriore aún más y minimizar así el costo total de esa inviabilidad", explica la autoridad supervisora.

No obstante, también indica que la evaluación "no debe realizarse excesivamente pronto", pues esto podría destruir valor innecesariamente cuando todavía existe una posibilidad de recuperación. "La discrecionalidad supervisora que contempla el marco actualmente vigente es importante y ha de preservarse", añade.

Las lecciones extraídas también se refieren a la necesidad de garantizar el acceso a liquidez durante la resolución: en algunos casos se subsana recurriendo a la capacidad de proporcionar liquidez de un comprador; en otros es importante asegurarse de que una vez aplicados los instrumentos de resolución, la entidad tenga acceso a liquidez hasta que recupere la confianza en el mercado.

"En vista de la importancia de disponer de financiación suficiente para que el proceso de resolución sea ordenado, un mecanismo de respaldo común debería crearse lo antes posible, idealmente antes de que concluya el periodo de transición para la plena mutualización de los recursos del Fondo Único de Resolución (FUR)", asevera.

De igual modo, la experiencia ha puesto en entredicho aspectos por los que resulta necesario modificar el marco jurídico actual. En este sentido, señala que existe un solapamiento "considerable" entre las medidas de supervisión y actuación temprana de los distintos autores competentes en la supervisión, que aporta poca claridad en relación a las condiciones que las activan.

Asimismo, el BCE debe ejercer sus facultades de actuación temprana con arreglo a las transposiciones de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB) a las legislaciones nacionales. "Esto genera incertidumbre e incoherencia en lo que respecta a las medidas disponibles y las condiciones para su aplicación en los distintos Estados miembros", reza el documento.

Por otro lado, el BCE asevera que, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, la resolubilidad puede verse mermada si los inversionistas minoristas poseen instrumentos de deuda subordinada. Por lo tanto, apuesta por considerar el establecimiento de requisitos de divulgación de información "clara y fácilmente comprensible", así como otras salvaguardias para concienciar a los inversores sobre los riesgos asociados a ese tipo de instrumentos.

En el primer semestre de 2017, el supervisor bancario del BCE, presidido por Danièle Nouy, tomó, por primera vez, la decisión de declarar que tres de los bancos sujetos a su supervisión directa eran inviables o previsiblemente lo serían en un futuro próximo.

La Junta Única de Resolución (JUR) decidió que Popular concurría las condiciones para su resolución y adoptó un dispositivo de resolución para la entidad. Para los otros dos bancos, Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, concluyó que no era necesaria una medida de resolución en aras del interés público y las entidades se liquidaron de conformidad con los procedimientos de insolvencia que contempla la legislación italiana.

JUEZ DECLARA COMPLEJA LA CAUSA

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, declaró compleja la causa que investiga la liquidación de Banco Popular, cuya instrucción queda así ampliada hasta el 3 de abril del 2019, tal y como había solicitado la Fiscalía.

En un auto fechado el pasado viernes, el titular del juzgado central n 4 aclara que "son miles los perjudicados" y se han personado, en representación de muchos de ellos, hasta 58 procuradores; asimismo, destaca el "considerable número de querellados", 27 hasta ahora.

Para llevar a cabo la instrucción, prosigue Andreu, será preciso llevar a cabo "pericias contables de gran envergadura, dada la entidad del Banco cuyas cuentas requieren examen", para lo cual , habrá que analizar y estudiar "una muy abundante documentación", motivos todos ellos suficientes para declarar la causa compleja.

En junio del año pasado la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones; esta operación, ejecutada por el FROB a instancias del BCE, ha dado a lugar a una avalancha de demandas de grandes y pequeños inversionistas, tanto en España como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, para tratar de recuperar su inversión.

A comienzos del pasado octubre, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital del 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Entre las querellas admitidas destacan las presentadas por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios, la empresa Estel Ingeniería y Obras, la Organización de Consumidores y Usuarios y el abogado Felipe Izquierdo.

Este febrero, Andreu reactivaba la investigación y solicitaba información relacionada con la gestión de la entidad, adquirida por el Santander al precio simbólico de un euro.

A comienzos de marzo, la Audiencia Nacional paralizó la tramitación de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la resolución del banco, hasta que los tribunales europeos se pronuncien al respecto.