La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomendó a los pagadores de impuestos que quieran regularizar su situación fiscal cuando están siendo sujetos de una auditoría, acudir a este organismo a promover la nueva figura de justicia alternativa, denominada Acuerdos Conclusivos, y de esa manera evitar casos de corrupción como los ocurridos hace unos días en Sonora.

Indicó que la nueva figura (Acuerdos Conclusivos), establecida por el Congreso en la pasada reforma fiscal y en la que la Procuraduría actuó como intermediario, es el único medio legal y legítimo para transparentar los arreglos con las autoridades fiscales durante un proceso de auditoría.

Mediante un comunicado la entidad, recordó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que autoridades del gobierno de Sonora en la pasada administración dejaron de aplicar la normatividad de los procedimientos de auditoría, beneficiando a 574 contribuyentes que tenían 829 actos.

En tal caso, la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora permitió que tanto personas físicas como morales se autocorrigieran pagando, al parecer, un impuesto menor al que les hubiera correspondido por sus verdaderos ingresos, y quedar blindados contra futuros actos de auditoría.

Ante estos actos, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el cual le comunicó al Estado de Sonora que desde el 20 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, las facultades de fiscalización no pueden ser ejercidas por el gobierno de dicha entidad, además hizo acreedor a una sanción consistente en el reintegro a la Federación de 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente, y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización y Recaudación.

Por otro lado, la Prodecon expresó su preocupación de que pagadores de impuestos de buena fe que sean sujetos de auditorías o revisiones fiscales, en circunstancias similares a las de Sonora, acepten propuestas injustificadas e indebidas de autoridades locales de cualquier entidad federativa que, haciendo un mal uso de sus facultades, les ofrezcan corregir su auditoría o revisión fiscal por cantidades menores a las que realmente adeudan.

En ese sentido, el ombudsman fiscal destacó que la corrupción de autoridades locales no puede ir en contra de la certeza jurídica de los contribuyentes.