Durante el 2018, el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), ahora Banco del Bienestar, tuvo una afectación cercana a 558 millones de pesos, debido a diversas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), especialmente anomalías por outsourcing, contratos con proveedores y falta de controles para recuperar créditos ligados a programas sociales.

En la tercera entrega de la ASF de la Cuenta Pública 2018, año en el que Virgilio Andrade fue el director general del Bansefi, se detallaron las diversas irregularidades en este banco de desarrollo.

De acuerdo con el reporte de la ASF, el principal perjuicio que se generó en el banco en el 2018 se debió a la subcontratación de personal, mecanismo conocido como outsourcing. Durante ese año se detectaron 647 empleados contratados bajo esa modalidad, a los cuales se les pagó un total de 299 millones 195 pesos, y que posiblemente realizaron actividades iguales o similares a las que realizaba el personal de base, y además no se acreditó su prestación o ejecución de los servicios para los cuales fueron contratados.

Otro perjuicio importante detectado fue por la falta de capacidad del banco para recuperar créditos ligados al programa social Prospera que se otorgaron. Según la ASF, el entonces Bansefi no proporcionó la información requerida a la coordinación nacional de dicho esquema, que estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la documentación requerida para la recuperación de 556,219 créditos, equivalentes a 133 millones 400,400 pesos. Además, se encontró un daño al banco por 1 millón 187,400 pesos por préstamos que se otorgaron a exempleados del Bansefi.

Uno de los temas que destacó la ASF fue el relacionado a los proveedores del Bansefi. La auditoría ejemplificó un contrato con AppWhere, con una vigencia del 2016 al 2018, relacionado con el desarrollo de la banca móvil del mismo, en el que de 32 proyectos se identificaron incumplimientos en 31. De acuerdo con la ASF, el monto mínimo del contrato fue de 56 millones de pesos y el máximo de 170 millones de pesos. Sin embargo, el perjuicio detectado fue por 16 millones 581,800 pesos, debido a que el banco no cobró las penalizaciones previstas por incumplimiento.

Asimismo, la ASF encontró un daño al banco por 2 millones 349,600 pesos, pues no penalizó al proveedor contratado para proveer chalecos antibalas, usados para la entrega de recursos de los programas sociales, por el retraso en la entrega los mismos.

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