Más de 48 millones de personas ejercieron su derecho ciudadano y salieron a votar, en un proceso libre y muy bien organizado. Refrendaron su compromiso con la democracia y expresaron sus preferencias políticas para renovar más de 20,000 cargos de elección popular a niveles federal, estatal y local. La elevada participación se dio además en el contexto de la grave pandemia del Covid-19.

Debe reconocerse la gran labor del Instituto Nacional Electoral (INE) durante este proceso como órgano autónomo, ciudadano y con una gran capacidad organizativa. El INE es un patrimonio de los mexicanos y refleja el esfuerzo de muchos años por consolidar nuestra democracia. El INE debe prevalecer.

Pero la relevancia histórica de las elecciones va más allá del nivel de participación. Se llevó a cabo en el contexto de un país dividido, en el que se han venido debatiendo dos visiones diferentes de país. Por un lado, está la propuesta del partido mayoritario de impulsar cambios sociales profundos y duraderos mediante la ampliación del poder del Estado en diferentes ámbitos de la economía y de la política. Por otro lado, se encuentra la visión que prevalecía previamente, que entre otros aspectos impulsa un modelo de desarrollo fuertemente dependiente de la inversión privada. Por lo anterior, las elecciones definirían el rumbo del país para los próximos años. Las decisiones de política pública y el diseño mismo de la estructura institucional de México dependían del resultado electoral. En juego estaban no solamente la forma de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, sino también temas tan trascendentales como el equilibrio de poderes y la vigencia de nuestra Constitución.

Los resultados preliminares del proceso electoral tal vez no son los que las partes deseaban, pero fueron el mejor resultado para México. El hecho de que el partido mayoritario no haya obtenido la mayoría calificada necesaria para la aprobación de reformas constitucionales provee un marco de estabilidad y genera un espacio para el intercambio de opiniones y un debate constructivo en el análisis de reformas de gran calado.

Por otro lado, la preservación por parte del partido mayoritario de una mayoría simple le facilita el control presupuestario, que era un elemento fundamental para el impulso de las reformas que propone. De haberse perdido el control del presupuesto por parte del gobierno federal en la Cámara de Diputados, se podría haber generado un cuestionamiento de fondo al proceso electoral y una situación grave de ingobernabilidad, que hubiera dañado tal vez irreversiblemente la confianza para invertir en México.

El resultado del proceso ha sido bien recibido por los mercados financieros. En general provee un clima de relativa estabilidad y continuidad y con un menor riesgo de cambios abruptos de rumbo. No obstante, el resultado no es suficiente para impulsar la recuperación económica de México. Las condiciones desfavorables para la inversión continúan vigentes y el consumo privado en el mercado interior se encuentra debilitado por el impacto severo de la profunda recesión de 2020 sobre el empleo y el ingreso de las familias, los cuales están aún lejos de recuperarse plenamente.

Desde el IMEF hemos venido alertando sobre la posible caída de la tasa de crecimiento potencial del PIB, una vez que las reformas estructurales que se habían aprobado para atraer inversión se han estado revirtiendo y no se están llevando a cabo otras reformas para impulsar la inversión. Nuestro país requiere urgentemente de un plan amplio y suficiente para apoyar un crecimiento económico más elevado y sostenido con la participación de la inversión privada. En este contexto, es relevante destacar que los resultados también mostraron que somos una sociedad diversa, con perspectivas diferentes y capaz de expresarse y de dialogar dentro de la institucionalidad y la legalidad.

Es momento de caminar unidos como sociedad hacia la construcción de un país más próspero y justo, de ver hacia adelante, de dejar las recriminaciones del pasado y evitar la desunión. Debemos concentrarnos en la recuperación de nuestra economía, en el fomento a la inversión y al empleo, en el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y de nuestras instituciones.

* Angel García-Lascurain Valero es Presidente Nacional del IMEF.