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Lanzan iniciativa de Ley General contra el Feminicidio; busca homologar el delito y eliminar impunidad
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de Ley General sobre Feminicidio, que será enviada al Congreso de la Unión con el objetivo de homologar en todo el país la definición del delito, fortalecer las investigaciones y garantizar la atención integral a las víctimas y sus familias.

Foto: Especial
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de Ley General sobre Feminicidio, que será enviada al Congreso de la Unión con el objetivo de homologar en todo el país la definición del delito, fortalecer las investigaciones y garantizar la atención integral a las víctimas y sus familias.
Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal de este miércoles 15 de julio, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la propuesta surge tras la reforma constitucional del pasado 6 de mayo, que facultó al Congreso para expedir una legislación general en la materia.
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Señaló que actualmente existen diferencias entre las 32 entidades federativas para tipificar el feminicidio, tanto en los elementos del delito como en las penas y agravantes, además de deficiencias en las investigaciones que han provocado la clasificación errónea de feminicidios como homicidios, pérdida de evidencias y subregistros.
"La ley busca homologar el tipo penal y los procedimientos de investigación en todo el país", afirmó.
Según se detalló, la iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, para lo cual fija 10 supuestos que permitirán acreditar ese elemento, entre ellos antecedentes de violencia, violencia sexual, estereotipos de género, relaciones de poder y discriminación.
Asimismo, se propuso una pena única de 50 a 70 años de prisión y contempla 19 agravantes que incrementarían la sanción, como cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el responsable sea un servidor público o existan ataques con ácido u otras sustancias.
La propuesta también prevé sancionar la tentativa de feminicidio y establece como penas adicionales la pérdida de la patria potestad, tutela, guarda y custodia, derechos sucesorios e inhabilitación para servidores públicos.
Protocolos obligatorios para todas las fiscalías
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la iniciativa obliga a todas las fiscalías del país a aplicar protocolos especializados de investigación con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto, preservación de indicios y coordinación institucional.
También señaló que se establece que las investigaciones deberán ser conducidas por fiscalías o unidades especializadas desde el inicio del procedimiento y hasta la ejecución de las sanciones, con ministerios públicos, policías, peritos y personal técnico capacitado.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que la iniciativa incorpora un capítulo específico sobre los derechos de las víctimas.
Entre ellos se mencionaron el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de emergencia, asesoría jurídica gratuita, restitución digna de los cuerpos, servicios de traducción para comunidades indígenas y reparación integral del daño.
La funcionaria informó que la propuesta contempla la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, con el propósito de identificar a los menores afectados y garantizarles protección, atención y certeza jurídica.
Meta: "cero impunidad"
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el feminicidio representa la forma más extrema de violencia contra las mujeres y sostuvo que, aunque este delito ha mostrado una tendencia a la baja, aún persisten casos de impunidad.
También, la primera mandataria señaló que uno de los principales problemas es que en algunas fiscalías las muertes violentas de mujeres continúan clasificándose como suicidios u homicidios, sin considerar antecedentes de violencia familiar o de género.
"La ley busca garantizar que exista cero impunidad frente a los feminicidios", afirmó la presidenta al anunciar el envío de la iniciativa al Congreso para su discusión y eventual aprobación.



