En la construcción de la nueva Fiscalía General de la República (FGR) es necesario plantearse un cambio en los procedimientos para la investigación de los delitos, de no ser así sólo se generaría un cambio de papel , lo que provocaría que el país se retrase hasta 20 años en la procuración de justicia.

Durante la Mesa de Análisis Punto por Punto, convocada por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC, especialistas y legisladores coincidieron que es necesario abrir un debate entre la sociedad y autoridades para mejorar los mecanismos de investigación en la nueva Fiscalía de la nación.

Uno de los primeros pasos es generar medios de control al interior de la nueva Fiscalía, para así asegurar su eficiencia, lo cual podría ser calificado por los jueces más severos , que son los propios ciudadanos, indicó Ana Lorena Delgadillo, analista de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho.

Durante años, la Procuraduría General de la República (PGR) se ha manejado desde la política, lo que ha desvirtuado el servicio pericial y, con ello, la capacidad de investigación de la institución, expuso.

Es, a su vez, indispensable que se estipule una clara política criminal, algo que hasta el momento en el país ha sido inexistente, con ello, dijo Delgadillo, se podrá medir con precisión los avances en la procuración de justicia.

Por su parte, José Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas coincidió en la necesidad de generar una política criminal en donde además se le aligere la carga de trabajo a la Fiscalía, pues hizo énfasis en que se deben relegar casos a las procuradurías estatales.

Agregó que en los últimos años se ha abusado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), convirtiéndola en el bombero de la PGR , pues muchos de los delitos que se presentan al interior de la República son catalogados como parte del crimen organizado, lo que ha provocado que se frivolice y se abuse de la SEIDO, ocasionando además que sus métodos de investigación no sean los mejores por la atracción de tantos casos, expresó.

Manifestó que es indispensable capacitar a los fiscales y a los defensores de los casos del Estado mexicano; ésta es sostuvo la mejor defensa, además de que requiere jueces entrones .

En tanto, el senador panista Roberto Gil Zuarth precisó que sería un error darle autonomía absoluta a la nueva Fiscalía, ya que la procuración de justicia es una política pública que depende directamente del Estado.

Se pronunció por no centralizar el tema de la Fiscalía entorno a la figura del nuevo fiscal, ya que es más complejo que eso .

Coincidió con los especialistas sobre la descentralización de algunos delitos, además de hacer énfasis en lo benéfico que es generar controles de combate a la corrupción al interior de la nueva dependencia.

A su vez, el senador perredista Armando Ríos Piter opinó que se debe construir una Fiscalía independiente, al tiempo que se derogue, no sólo el artículo 16 transitorio del decreto de Reforma Constitucional en materia político electoral, que impediría que el actual procurador de justicia se convierta en el nuevo Fiscal de la Federación, como lo propuso el presidente Enrique Peña Nieto, sino también el 19, que estipula el pase automático de los integrantes de la actual PGR.

Servicio profesional de carrera

Miguel Ontiveros, ex subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, abordó el tema de la profesionalización al interior de la institución, al exponer que generar proyectos de carrera fortalecerá los procedimientos, así como al capital humano.

Puntualizó que no se necesitan más observadores, sino personas que procuren los derechos de los policías, peritos, etcétera . Añadió que existe un desafío técnico, porque es indispensable que se dividan y se especialicen las ramas para la persecución de diferentes delitos.

No obstante, este último postulado fue revirado por Luis Carranza, experto en procuración de justicia, al aclarar que existen áreas como la unidad de lavado de dinero, en donde muchas veces el delito es ejecutado mediante sobornos y no mediante áreas fiscales o empresariales, por lo que, dijo, la especialización no puede funcionar en delitos de alta complejidad .

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