La adopción de alternativas al encarcelamiento por delitos relacionados con drogas es una acción necesaria para que países como México cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, propone el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD).

En el informe Mitigando la adicción punitiva: alternativas al encarcelamiento para delitos de droga , investigadores de nueve países latinoamericanos que integran al CEDD exponen que la cárcel, como respuesta a delitos menores de drogas o a los que se cometen bajo el abuso de éstas, es una medida poco eficaz y contraproducente para proteger la salud y seguridad públicas.

Las alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas son medidas necesarias para afrontar la actual crisis carcelaria que viven los países de las Américas.

En un reporte aparte, el CEDD recoge que en México, entre diciembre del 2006 y diciembre del 2014, la población penitenciaria recluida en centros penitenciarios federales por delitos contra la salud aumentó en 1,200 por ciento. A la vez, 60% de las personas recluidas en los centros de readaptación social de nueve entidades federativas está recluido por delitos relacionados con el cannabis.

Los últimos datos disponibles del International Centre for Prison Studies (ICPS, 2013) indican que los países de las Américas tienen una tasa de hacinamiento promedio de 48%, superior en 26 puntos al promedio mundial.

De aplicarse alternativas al encarcelamiento para las personas recluidas por delitos de drogas, la tasa de hacinamiento promedio caería en México de 26.40 a 16. 25 por ciento.

De acuerdo con el colectivo, existe una amplia variedad de alternativas al encarcelamiento que los países pueden implementar: medidas enfocadas a desviar los casos a otras instancias antes de la entrada al sistema penal; estrategias aplicadas durante el proceso penal y enfocadas, ya sea a prevenir el encarcelamiento, o bien a establecer una sanción proporcional al delito; y programas enfocados a reducir la población carcelaria, mediante la liberación anticipada de sentenciados o individuos en prisión preventiva, acompañadas de estrategias de integración social.

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