El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió que hubo participación del crimen organizado en cuatro municipios de Michoacán. Sin embargo, confirmó la validez de los resultados del cómputo estatal, la elección a la gubernatura y la expedición de la constancia de mayoría en favor del candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, Alfredo Ramírez Bedolla.

En sesión pública por videoconferencia, iniciada el 29 de septiembre, los magistrados establecieron que si bien se acreditaron algunas de las irregularidades alegadas por los actores impugnantes, ni en lo individual ni en su conjunto fueron suficientes para declarar la nulidad de la elección de la gubernatura.

Sin embargo, el pleno del Tribunal ordenó anular la elección total en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, que forman parte del Distrito Electoral 22 de la entidad, al haberse acreditado la intervención de grupos de la delincuencia organizada que con armas impidieron el acceso a representantes de los partidos, salvo Morena.

Al presentar su proyecto de resolución, el magistrado Indalfer Infante Gonzales aseguró que la anulación de una elección debe ser excepcional, y sólo puede declararse cuando los hechos que se consideran irregulares están plenamente acreditados.

En la resolución del Tribunal Electoral se incluyó una instrucción al Instituto Nacional Electoral (INE) para crear una política electoral nacional en la cual, reconociendo la existencia del problema y el peligro de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, se establezcan acciones y protocolos concretos al respecto.

Además, se determinó dar vista al Instituto Estatal Electoral de Michoacán a fin de que se inicie un procedimiento sancionador por la incidencia de hechos relativos a la violación de la veda electoral en esa entidad.

La magistrada Mónica Soto y el magistrado José Luis Vargas argumentaron su voto concurrente debido a que la instrucción planteada para que el INE cree una política electoral nacional que estableciera acciones y protocolos de actuación frente al problema y peligro de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, podrían ser acciones que excedieran las facultades de dicho instituto electoral.