El fiscal del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, presentó en San Lázaro una solicitud de desafuero en contra del diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá Saad, a quien esa instancia acusa de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos por 23,156 millones de pesos en la gestión del ex gobernador prófugo, Javier Duarte.

El Fiscal se presentó en la oficina de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para presentar el documento que solicita juicio de procedencia o desafuero del diputado Tarek Abdalá, a fin de que no evada la acción de la justicia, cobijándose en el fuero constitucional que le es conferido , comentó.

Jorge Winckler aseveró que la Fiscalía veracruzana busca aprehender y someter a proceso penal al diputado Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de la administración de Javier Duarte, por cuatro carpetas de investigación que ya están integradas en su contra, por haber actuado de manera dolosa en la administración y desvío de fondos estatales y federales hasta por un monto de 23,156 millones de pesos .

Mencionó que esos recursos deberían haber sido asignados a rubros de salud, pero fueron desviados, y destacó que por acumulación de delitos el diputado Abdalá podría alcanzar una condena de 15 años de prisión.

Sin mencionarlos por su nombre, reveló que otros diputados federales priistas en la gestión de Duarte (Adolfo Mota y Jorge Carvallo) igualmente estarían siendo investigados por delitos similares. También están sujetos a investigaciones, obviamente se están teniendo éstas para que en las semanas siguientes se pueda presentar la solicitud de licencia de ellos , aseveró.

Por lo pronto, en el caso del diputado Antonio Tarek, el fiscal estatal expresó confianza que en la Sección Instructora procese a la brevedad la solicitud, pues dijo que las carpetas de investigación contra el diputado federal están sustentadas en los estudios practicados por la Auditoría Superior de la Federación, la cual depende de la Cámara de Diputados, que a su vez es la responsable de asignar y velar el buen manejo de los recursos federales.

En noviembre del año pasado, El Economista publicó que, debido al daño patrimonial por 16,000 millones de pesos al gobierno de Veracruz en la gestión 2015 del gobernador con licencia y actualmente prófugo de la justicia, Javier Duarte, la Contraloría del Estado interpuso seis denuncias en contra de funcionarios de esa administración, entre ellos tres diputados federales.