Senadores de distintas fuerzas políticas que conforman el Senado de la República manifestaron su rechazo a una iniciativa del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respecto a que sea el titular de ese poder autónomo a quien se le otorgue la facultad de decidir en materia de amparo directo.

Los senadores que manifestaron su oposición representan al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

En la segunda jornada virtual del Parlamento Abierto organizado por el Senado de la República, los senadores Germán Martínez, Damián Zepeda, Sylvana Beltrones y Dante Delgado criticaron la propuesta de reforma al artículo 107 constitucional, objeto de la iniciativa que promueve el ministro Zaldívar.

Dicho proyecto es promovido por la Suprema Corte y es respaldada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El senado lo discutirá y eventualmente aprobará el jueves 26 de noviembre.

Germán Martínez, michoacano expanista y ahora senador morenista, se inconformó por el hecho de haber invitado a participar a trabajadores de la presidencia de la Corte, quienes incluso lo hicieron los dos días.

“No es un intercambio de la oficina del presidente de la Corte con los senadores, es un Parlamento Abierto, y yo espero que tampoco sea un mensaje de que saquemos a como dé lugar la iniciativa que se ha presentado’’, reprochó; “perdón por decirlo pero, como dice López Obrador, mi pecho no es bodega’’.

Antes, durante la Mesa 3, reconoció que se hayan “hecho valoraciones muy importantes de los senadores’’, refiriéndose en específico a la de Dante como “pertinentísimas’’, con las que se dijo de acuerdo.

Luego manifestó su preocupación por la adición que se pretende al recurso de revisión de los amparos directos para incluir en la Constitución que en contra del auto que desecha el recurso no procederá medio de impugnación alguna.

“Ahí podemos estar en la frontera de la arbitrariedad’’, consideró. “Cerrar la puerta a que la Suprema Corte y dejarle la llave de la puerta a la Suprema Corte solo al presidente (de la Corte) no me parece que sea una buena idea, que además se contradice con otra idea que hay en la propuesta’’.

El panista Zepeda consideró que la que se intenta aprobar no es una reforma integral al sistema de justicia, solo al poder Judicial, y que no es momento para debilitar las vías de impugnación de estados y municipios, en referencia a las controversias constitucionales.

“Hay claramente una disputa entre el poder Ejecutivo federal y los órganos locales. Quitarles la posibilidad de ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pasarla a un tribunal secundario le quita relevancia y visibilidad.

“Es incorrecto que un órgano administrativo asuma funciones jurisdiccionales y deje sin medio de defensa a jueces y magistrados’’, estableció.

Delgado, coordinador de la bancada senatorial de MC, criticó el hecho de que la iniciativa se haya confeccionado “en cuatro paredes, escuchando a algunas personas internamente, pero no a jueces, magistrados y ministros de la Corte, y externamente (tampoco) a los colegios, barras de abogados e incluso litigantes’’.

De ahí que, desde su visión, no se trata de “una reforma integral’’, sino de una “aparente’’.

A propuesta tiene aspectos que agravan de manera sensible la vida institucional del país, dijo, sobre todo en momentos en que por la falta de atención del Ejecutivo federal se han creado instancias como la Alianza Federalista, integrada por gobernadores de oposición, ante la cerrazón presidencial.

“En este momento pensar que las controversias constitucionales tienen que simplificarse, en el contexto que se vive en el país, evidentemente está fuera de la realidad’’.

En su opinión, la reforma llevaría a un empoderamiento en la toma de decisiones en una sola persona, que es el presidente de la Corte; “eso no puede ni debe ser así.

“No podemos permitir tribunales especiales, que se rompan los mecanismos históricos de asignación de competencias y atención de casos, para que se dé en la discrecionalidad una decisión de corte político jurisdiccional, como los casos en que se ha actuado de manera muy vergonzante en acciones incluso coercitivas contra jueces y magistrados que han actuado en un sentido contrario al interés del poder’’, resumió.

Y advirtió en el sentido de que si no se hace una reforma constitucional profunda MC votará en contra de una “parcial, conculcadora de derechos, que otorga facultades constitucionales al Consejo de la Judicatura.

“Se está haciendo una reforma precipitada, parcial y facciosa’’.

Durante la Mesa 3, titulada Mecanismos de control constitucional, Miguel Carbonell Sánchez afirmó que si bien la pretendida reforma para y por el poder Judicial “va en la línea adecuada e histórica que se ha venido siguiendo’’, se debe empatar con el federalismo mexicano.

El especialista integrante del Sistema Nacional de Investigadores planteó la necesidad de “hacer expreso el control de las omisiones, por medio de la figura de la controversia constitucional’’.

El tema, explicó, es “absolutamente importante y, si así lo estiman los senadores, podría servir para enriquecer el dictamen. La consideración de empatar esta propuesta con el diseño del Estado federal’’.

Participaron también, entre otros especialistas, Enrique Rabell, de la Universidad Autónoma de Querétaro; Fabiana Estrada, coordinadora general de asesores de la presidencia de la SCJN; José Manuel Alba, director del Instituto de la Judicatura Federal extensión Xalapa; Arturo Guerrero, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal; José Nader Kuri, abogado penalista, y Alejandro González, consejero de la Judicatura Federal.

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