La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar que la materia de la consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es constitucional, no significa que esté capturada por el Ejecutivo federal; sin embargo, sí muestra que hay malos augurios desalentadores e indicios preocupantes, afirmó Saúl López Noriega, catedrático de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista dijo: “No concluiría que esto signifique que está capturada; puede ser que haya habido presión para una decisión, pero eso no quiere decir que, para el futuro, ya todo va a votar en función del Presidente. No necesariamente”.

El académico recalcó que habría que esperar a que se resuelvan los otros casos pendientes, que tienen que ver con decisiones, políticas públicas o iniciativas impulsadas por el gobierno federal con el fin de tener más elementos que permitan hacer un juicio sobre el poder de la Corte.

“Lo responsable es hacer un balance, pero no puede ser a partir de una sola decisión. Eso puede ser hasta cierto punto irresponsable, determinar si la Corte ha sido capturada o no. Más bien hay que verlo a partir de un conjunto de discusiones, sentencias y resoluciones para ir haciendo un balance. Esto, además de formarse un juicio a partir del análisis de los argumentos que se ofrecen para apoyar o rechazar una política pública impulsada por el gobierno del presidente López Obrador”, abundó.

El también doctor en filosofía política y derecho constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid explicó que casi toda la legislación impulsada por la actual administración federal está controvertida y la mayoría de ella, faltan que se discuta y se pronuncie la Corte.

Entre ellas destaca la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Nacional de Registro de Detenciones.

Destacó que hasta ahora la SCJN ha resuelto muy pocos de los asuntos relacionados con decisiones del Presidente o asuntos que le interesan a la llamada Cuarta Transformación y no en todos le ha dado la razón al gobierno.

Ya resolvió el asunto de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y fue en contra de lo planteado por el Ejecutivo.

Luego resolvió el caso de la intención del gobernador de Baja California de permanecer en el cargo cinco años en lugar de los dos para lo cual fue electo el 2 de junio de 2019 y también fue en contra.

También resolvió y sobreseyó, es decir declaró sin materia, las controversias constitucionales interpuestas por el gobierno de Chihuahua y seis municipios de esa entidad y de San Luis Potosí en contra de las reformas al fondo Minero. Es decir, en ese caso sí le dio la razón al Presidente.

Posteriormente vino el asunto de la encuesta ciudadana para preguntar si se enjuicia a algunos expresidentes en la que le dio la razón sobre la materia a consultar, aunque le cambió la pregunta.

Por ello, el profesor de Derecho consideró que hay que esperar a ver cómo se discuten, se procesan y se votan todos los casos pendientes para ver si, ya en el balance general podemos concluir o no que la Corte ha sido capturada a partir de sus votos y a partir de sus argumentos.

En el caso concreto de la resolución del jueves pasado, opinó que la peor actuación fue la que tuvo el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Dijo que el discurso que dio, su argumentación, la manera como planteó votar en contra del proyecto del ministro (ponente) Luis María Aguilar es preocupante. “Me parece que sí está plegado a la administración del presidente López Obrador”.

Indicó que, si bien es un voto de once, debe tomarse en cuenta que es el ministro presidente, es el moderador del debate y representa a la Corte.

Sin embargo, insistió en que, por supuesto, eso no hace que toda la Corte esté doblegada, pues cinco ministros votaron en contra de la consulta.

Algunos de los que votaron a favor ofrecieron argumentos que tal vez no nos gusten, pero pueden ser plausibles para apoyar lo que sucedió al final, abundó.

Por otra parte, recordó que hace unas semanas, particularmente en redes sociales, había mucha gente contraria a López Obrador que celebrara que “hay Corte” porque se pronunció en contra de la intención del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla de permanecer en el cargo más para el que fue electo y ahora dicen “no hay Corte”.

“Habría que ser moderados, señalar los guiños y los indicios preocupantes, como el posicionamiento del ministro Zaldívar, pero hay que ir viendo los otros casos, discutiendo y presionando a partir de argumentos de cómo se deben discutir los casos”.

Para el especialista, en lo que se debe poner atención en lo sucesivo del trabajo de la Corte es en dos cosas: Uno, que la situación de la SCJN es delicada, porque hay que tomar en cuenta que está frente a un gobierno que tiene una enorme legitimidad democrática, que impulsa muchos cambios a  la Constitución, leyes y proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, cancelación del aeropuerto y todo eso constituye el edificio institucional de la 4T que ahora va a ser revisado por la SCJN.

“Eso es una enorme presión para la Suprema Corte, aunque el presidente no levante el teléfono y nadie hable a los ministros para que apoyen con su voto. Como se sabe, la Corte no es un órgano electo democráticamente el bono político que tiene, en algún punto se empieza a desgastar, como lo vimos el jueves, fundado o no, pero hay un sector de la población  que ahorita no está contenta con la Corte y eso va desgastando su legitimidad”, mencionó.

“El reto de la discusión pública es que no analicemos esto,  en función de si se aprobó una ley que impulsó el gobierno y eso significa que los ministros están capturados. No. Vamos a ver los argumentos que se plantearon; qué dice la demanda sobre cierta legislación a la que considera constitucional y qué argumentos ofrece la Corte, esa es la clave”, remarcó.

diego.badillo@eleconomista.mx