El pleno del Senado de la República aprobó la noche del martes, por unanimidad, la declaración que formulan los Estados Unidos Mexicano para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir y examinar comunicaciones individuales. 

La declaración, cuya aprobación se concretó, como primer asunto, en la primera sesión ordinaria del primer periodo del tercer año de la LXIV Legislatura, fue remitida al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. 

Para comunicar el citado reconocimiento es necesario que el Estado mexicano presente al Secretario General de las Naciones Unidas la siguiente declaración, previa aprobación de la Cámara Alta: 

“De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31, párrafo 1, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los Estados Unidos Mexicanos declara que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones de las disposiciones de la Convención por parte de los Estados Unidos Mexicanos’’.  

La declaración de reconocimiento, de acuerdo con la comunicación que el Ejecutivo federal presentó al Senado para su aprobación, contribuirá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre éstos la desaparición forzada.  

Además, coadyuvará a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, especialmente los relativos al pleno respeto y promoción de los derechos humanos y a la construcción de la paz.  

El reconocimiento de la competencia del referido Comité será un catalizador para la prevención, investigación y esclarecimiento de casos, al tiempo que contribuirá a impulsar la reconciliación con base en la verdad, justicia, sanción, reparación y la garantía de no repetición de los delitos en materia de desaparición forzada de personas.  

De acuerdo con cifras oficiales, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas calcula que al 31 de diciembre de 2019 el número de desaparecidos en México ascendía a 61,637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.  

“Ante la magnitud de esta crisis, el gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquellas cuyo paradero se desconoce y se presume están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito’’, cita el comunicado presidencial. 

rolando.ramos@eleconomista.mx