En mayo pasado la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció que se había iniciado una investigación de oficio por un presumible conflicto de intereses por parte del entonces delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, y la venta de medicinas al sector público.

El pasado viernes, tras conocerse la renuncia de Lomelí, la Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante su cuenta de Twitter detalló:

“En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la 4T. Los trabajos del equipo liderado por la secretaria Irma Eréndira Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública”.

A su vez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, publicó en su red social una felicitación a la titular de la SFP “por el trabajo desarrollado, ahora en el caso Lomelí”.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad indicó —mediante una investigación periodística— nexos entre Lomelí y nueve empresas que venden medicamentos a diversos gobiernos en el país, organizaciones que tienen al frente a familiares y personas relacionadas con el también excandidato a la gubernatura de Jalisco.

En este contexto, la ONG cuestionó mediante una nota de prensa la atribución hecha por la SFP sobre la renuncia de Lomelí Bolaños.

El propio exdelegado afirmó, en entrevista con el canal de televisión ADN 40, que su renuncia se suscitaba para dar paso a las investigaciones y derivado de lo que calificó como un golpeteo político.

“Después de platicar con la familia y varios de mis amigos, tras ello he presentado al gobierno de la República mi renuncia de manera muy respetuosa al cargo de delegado de programas para el desarrollo en Jalisco.

“Esto con la única intención de que haya la libertad de que se puedan hacer las investigaciones correspondientes y parar ese golpeteo y esa violencia mediática que ha estado recibiendo o intenta dañar al gobierno federal de manera permanente y contundente a través de esa asociación llamada Mexicanos contra la Corrupción”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se pronunciará sobre el tema en la conferencia matutina de hoy.

En análisis del CEESP

Cuestionan austeridad

Si bien hay varios puntos de diagnóstico acertado, la Ley Federal de Austeridad Republicana parece más un documento de “aspiraciones políticas”, toda vez que incluye muchas medidas difíciles de precisar, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Consideró que darle la discrecionalidad de reasignación al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin siquiera mencionar a la Secretaría de Hacienda, no parece una buena práctica bajo ningún punto de vista.

“Es inadecuado e incluso irresponsable privilegiar programas del Plan Nacional de Desarrollo o de las prioridades presidenciales”, reiteró.

El decreto deja pasar la oportunidad de legislar el destino de las adecuaciones presupuestarias provenientes de ahorros y economías para presiones de gasto supervenientes, se alertó. (Notimex)