El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, afirmó que con la nueva ley anticorrupción se le pusieron dientes a su dependencia, que le ha permitido detectar y sancionar a más de 50,000 personas, entre funcionarios y ejecutivos de empresas, en actos ilícitos.

Al participar en una reunión con integrantes de los despachos de abogados Santamarina y Steta, así como Sherman and Sterling, el funcionario refirió que una prioridad en el gobierno del presidente Felipe Calderón fue combatir la corrupción.

En este marco, dijo que datos de Transparencia Internacional revelaron que a México le costaba entre 10 y 25%, y en ocasiones hasta 50% del total de los recursos de contratación pública para compras y adquisiciones de bienes y servicios.

Sostuvo que tras la publicación de la ley el pasado 11 de junio, se adicionaron instrumentos importantes que han permitido avanzar en forma significativa en el combate de este flagelo.

Citó como ejemplo que se incorporó la Contraloría Social, facilitando la participación de los ciudadanos en los procesos de observación e investigación de casos al abrir al gobierno a quejas y denuncias.

Incluso, expuso, 34% de las denuncias que han investigado la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control de las dependencias, provienen de quejas de ciudadanos.

Morgan Ríos agregó que se crearon para tales efectos dos nuevas figuras: el testigo social y los usuarios simulados, los cuales han sido muy exitosos porque se han detectado a los involucrados en actos de corrupción, tanto servidores públicos como empresarios, con las manos en la masa .

Agregó que en la nueva ley anticorrupción se hizo una verdadera tala regulatoria , eliminado 16,000 de las 35,000 normas que existían en materia de procedimientos, 70% de los cuales eran reglas internas de las dependencias del gobierno federal.

El titular de la SFP agregó que se incrementaron también los montos de las sanciones a dos y medio millones de salarios mínimos en promedio y la inhabilitación hasta por 10 años a funcionarios y empresas proveedoras del gobierno.

En términos generales, los principales beneficios de esta nueva ley son el fortalecimiento del marco legal; la certeza en la participación de contratación pública, y que contribuye en algo al propio crecimiento económico del país, tomando como base que el gobierno es el más grande comprador, mencionó.

Respecto a las sanciones que la SFP ha aplicado, Morgan Ríos refirió que de las 50,829 personas detectadas en actos de corrupción, 42,844 son servidores públicos, 608 de alto nivel, y 9,528 fueron sancionados severamente.

Más adelante, destacó que la Secretaría de la Función Pública realizó recuperaciones récord de recursos públicos federales canalizados a los estados y los municipios que no se aplicaron o se ejercieron mal.

En este punto sostuvo que la nueva ley permite al gobierno federal bloquear nuevos financiamientos a los gobiernos de esos dos niveles, si no comprueban en forma adecuada el buen uso y destino de los fondos.

El titular de la SFP admitió que aún hace falta avanzar más en materia de combate a la corrupción en México, pero insistió en que el gobierno de Felipe Calderón dio un paso gigante con la nueva ley.

En la reunión, Alejandro Luna, integrante del Despacho Santamarina y Steta, presentó un análisis detallado de la nueva ley, mientras que Philip Urofsky, de Sherman and Sterling, expuso un comparativo de la ley estadounidense sobre corrupción Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Ambos reconocieron la importancia de la nueva normatividad en México, pues dijeron que contribuirá además a fortalecer las relaciones comerciales, sociales y políticas entre Estados Unidos y México, pues habrá más certeza de negocios libres de corrupción y actos irregulares.

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