La seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil; la Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, estableció Luis Raúl González Pérez.

Y para ello se debe fijar una ruta gradual y verificable, dijo.

Frente al mandatario Enrique Peña Nieto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), González Pérez, consideró que el carácter extraordinario de la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.

Cualquier instrumento jurídico que se formule para dar certeza a sus actores necesariamente debe tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, base de los derechos humanos, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones previsto en la Constitución’’, enfatizó.

Si la criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, explicó, las fallas en la seguridad pública potencializan el deterioro hacia niveles más profundos de descomposición social.

Durante la ceremonia de entrega post mortem del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 al antropólogo Rodolfo Stavenhagen por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Peña Nieto dijo respaldar la actualización del marco legal, actualmente a debate en el poder Legislativo, para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior.

Su gobierno, aseguró, no voltea la mirada ante los problemas, sino al contrario, es el primero en reconocerlos y en actuar para darles solución convocando al trabajo conjunto.

La inseguridad y la violencia han sido una amenaza para la integridad y dignidad de las personas, particularmente en ciertas zonas y ciudades del país, reconoció; para ofrecer una respuesta integral a los delitos, informó, legisladores, autoridades locales, organismos defensores de los derechos humanos, expertos y representantes de la sociedad civil trabajan en estrecha coordinación.

Gracias a ello, están en marcha varias acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia de nuestro país’’, completó.

A decir del ombudsman nacional, todos coinciden en que el 2016 ha sido uno de los años más dramáticos y violentos, en el que las huellas nocivas de la criminalidad generaron un entorno problemático y complejo en el ámbito de la protección de los derechos humanos.

Por graves que sean las circunstancias que atraviesa nuestro país, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas’’, explicó el titular de la CNDH.

Desde la óptica de González Pérez, el respeto a los derechos humanos es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que emprenda la autoridad, sobre todo en materia de seguridad.

La necesidad y urgencia de proporcionar a la población de algunas regiones del país niveles mínimos de seguridad que le permitan cierta normalidad en su existencia cotidiana, amplió, fue un elemento que incidió en que se presentaran violaciones a los derechos fundamentales por parte de algunas autoridades no dijo cuáles que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber.

Ello, además de la percepción generalizada de los mexicanos sobre la existencia de impunidad, corrupción y falta de cumplimiento de la ley en el país, estimó, es lo que ha debilitado a las instituciones democráticas y dividido a la sociedad.

La aplicación de la ley se ve, en una concepción por completo errónea, como antagónica del respeto a la dignidad humana, llegando a identificar la promoción y defensa de los derechos humanos, equivocadamente, como un obstáculo para la aplicación de la justicia o una vía para perpetuar la ilegalidad’’.

Finalmente, comentó que la expresión del descontento ha llegado al extremo del elogio y reconocimiento social a quien toma la justicia en sus manos o a la promoción de iniciativas, en clara referencia a la propuesta de armar a los ciudadanos para su defensa, que de prosperar reforzarían la práctica de la venganza privada, al depositar en la gente la responsabilidad de preservar su seguridad, minando así el control que el Estado está obligado a ejercer sobre la dinámica delictiva.

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