Dieciocho años después de la masacre de 45 indígenas en Acteal, representantes de la comunidad rechazaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la posibilidad de una solución amistosa con el Estado mexicano y solicitaron al órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitir un informe de fondo.

A través del informe de labores que la CIDH elaboró a propósito del 156º período ordinario de sesiones, celebrado en Washington DC, Estados Unidos, del 17 al 28 de octubre del 2015, este organismo multilateral dio cuenta de la audiencia de fondo sobre el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal).

Durante dicha audiencia, representantes de la comunidad de Las Abejas presentaron un peritaje psicosocial elaborado por Carlos Martín Beristain, el cual describe los antecedentes y contexto de la masacre de Acteal, así como algunos elementos que permiten entender los impactos psicosociales que habría tenido la alegada situación de impunidad de los hechos.

Indicaron que los hechos fueron perpetrados por el grupo paramilitar de Chenalhó y que el nivel de ensañamiento de los asesinatos durante la masacre generó un terror ejemplificante para las y los sobrevivientes, lo cual ha tenido un grave impacto en su salud.

En tanto, el Estado reconoció que fue incapaz de prevenir estos hechos y de reaccionar adecuadamente en su momento.

En contraste con lo argumentado por la comunidad, los representantes del Estado aseguraron que la masacre fue el resultado de riñas comunitarias. Asimismo, indicó que desde lo ocurrido ha puesto en marcha procesos e investigaciones penales que culminaron en condenas penales a los responsables de dicha masacre.

Indicó que algunos responsables fueron liberados a raíz de procesos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual ha generado que las víctimas no encuentren satisfacción, y si bien no puede juzgárseles de nuevo por el principio non bis in ídem, se encuentran abiertos a otras alternativas para satisfacer la demanda de las víctimas, mediante la búsqueda de una solución amistosa.

Los peticionarios rechazaron la posibilidad de dicha solución amistosa y solicitaron a la CIDH emitir el informe de fondo.

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