Especialistas alertaron que la modificación de la Ley General de Salud para reintegrar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) hasta 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, además de generar incertidumbre para la atención de enfermedades de gastos catastróficos, como el cáncer, se corre el riesgo de que los recursos sean destinados para otras funciones.

Este lunes, en el Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados, el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, Héctor Villarreal, explicó que desde hace décadas el gasto público para salud en México es insuficiente, ya que entre 2010 y 2020 se ha invertido alrededor de 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea que se destine 6% del PIB.

“Sin subestimar el problema de la crisis por Covid-19, hay una serie de problemas que se deben poner sobre la mesa. En términos legales la propiedad de los recursos del fideicomiso siembra duda, que de repente la Federación decida financiarse con estos recursos, no creo que sea lo correcto. La forma en que se escribe la iniciativa abre la puerta para que más allá de los 33,000 millones de pesos, los remanentes se vayan a operación en 2021”, refirió.

El experto reconoció que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora Fondo de Salud para el Bienestar, siempre fue mejorable. No obstante, indicó que los recursos del fideicomiso se mantienen identificados para enfermedades de alto costo.

“Preocupa que pasando 2021 y agotados estos recursos, se pregunte cómo se van a resolver estos padecimientos y se diga que con la bolsa general, porque sabemos que eso no nos llevará a ningún lado”.

Asimismo, mencionó que si bien se puede disolver dicho fondo, el problema persiste, ya que no se ha encontrado una fuente de financiamiento que haga viable al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por ello hizo un llamado a las y los diputados federales para que se discutan fuentes de financiamiento realistas y sostenibles para el sistema de salud pública.

Por su parte, la coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, señaló que si bien el dictamen para modificar la Ley General de Salud menciona que se ha destinado gran cantidad de recursos a este sector a nivel internacional, México es un país carente de inversión en salud pública.

Destacó que es necesario generar estudios de impacto presupuestario para tener claridad de cuál es la demanda por los servicios de salud que pueden llevar a gastos catastróficos y cuál es el costo de la atención para dichos padecimientos, con el objetivo de que se dé luz a un presupuesto adecuado en la materia.

En tanto, la directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo, lamentó la intención de reformar la Ley General para disponer de los recursos del fideicomiso, y expresó que el Fondo de Salud para el Bienestar no debe ser tocado bajo ninguna consideración política o económica, ya que atiende a pacientes con alguna enfermedad catastrófica que no tienen seguridad social.

marisol.velazquez@eleconomista.mx