Mientras la sociedad civil organizada reclamó que haya desaparecido el presupuesto para programas de prevención de violencia, el Ejecutivo federal argumentó que la mejor estrategia de prevención del crimen es preservar la estabilidad económica del país.

Durante la XLI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Adelina Lobo Guerrero Serrano, de la organización Animos Novandi, e invitada permanente de la sociedad civil a este mecanismo, exhibió la desaparición del presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 del Programa Nacional de Prevención del Delito, lanzado hace cuatro años, el cual ha tenido una inversión mayor a los 9,000 millones de pesos.

Ante el titular del Ejecutivo federal y miembros del gabinete federal, Adelina Lobo Guerrero Serrano advirtió que desde la sociedad civil vemos como un riesgo el que una política pública tan importante y trascendente desaparezca de esa forma; que cuatro años no nos sirven para evaluar una política de prevención, tendríamos que estar pensando en evaluar esta política a los 10 años .

En este sentido coincidió el también invitado permanente al Consejo, Alberto Javier Olvera Rivera, de la Universidad Veracruzana, quien reclamó que la prevención de la violencia no haya sido dotada de presupuesto para el año próximo.

Por ello Adelina Lobo hizo un llamado a que hagamos un esfuerzo desde los gobiernos estatales, desde el gobierno de la República a apostar por la prevención (...) El tema de la prevención es prioritario, no para el gobierno, (sino) para el ciudadano, para el mexicano; para el México que queremos, el México que necesitamos .

En respuesta, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 2017 cuenta con prácticamente cero pesos en la asignatura de prevención de violencia; sin embargo, argumentó que la partida del año entrante tiene también como prioridad preservar nuestras condiciones económicas; de estabilidad en un mundo financieramente volátil, convulso, en un mundo incierto, y no hay mayor medida o acción en materia de prevención que preservar la estabilidad económica del país .

Crisis de régimen

Durante su alocución, Alberto Javier Olvera Rivera, investigador externo, expuso que México no sólo vive una crisis de inseguridad y justicia, sino también de régimen.

Externó su preocupación por el estado que guarda el sistema de justicia y seguridad, así como la salud misma del Estado mexicano. Concluyó que los graves problemas que atraviesa la República Mexicana en estas materias no atienden causas técnicas, legales e institucionales específicas.

Hace 10 años dio inicio la infausta guerra contra las drogas y un ciclo de reformas a las instituciones de seguridad y justicia. En este periodo se han logrado importantes avances legales, institucionales y constitucionales; se han realizado diagnósticos precisos de los problemas a enfrentar y acordado soluciones a los mismos sin que se hayan logrado cambios sustantivos en el desempeño institucional ni detener la oleada de violencia criminal, ni evitar violaciones a los derechos humanos , advirtió.

Aseguró que mientras no se modifiquen las reglas informales que obligan a los distintos sectores de la clase política a acumular recursos a como dé lugar para financiar la competencia electoral y a satisfacer clientelas a cualquier costo para los mismos fines, el país no podrá crear un verdadero Estado de Derecho.

El primer paso en esta dirección, agregó, será impedir que el naciente Sistema Nacional Anticorrupción y sus expresiones estatales futuras se vean colonizados por intereses políticos como lamentablemente ha sucedido con algunas instituciones del campo electoral y de la transparencia y acceso a la información, lo cual ha mermado su legitimidad.

En su participación de cierre como invitado de la sociedad civil al Consejo, concluyó que la crisis de seguridad y justicia sólo puede resolverse mediante una reforma política profunda que conduzca al desarrollo de un verdadero Estado de Derecho .

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