Si es posible que Gobiernos y empresarios puedan tener adquirir las vacunas contra Covid-19 a pesar de tener clasificación para uso únicamente de emergencia. Sin embargo, deben ser el gobierno federal o las administraciones estatales quienes las adquieran, y ser muy escrupulosos en manos de quién pone las dosis para evitar su sobreprecio y especulación, afirmó Miguel Ángel Toscano, extitular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Entrevistado vía telefónica por El Economista, explicó que el Consejo Nacional de Salubridad, y no la Cofepris, es el órgano encargado de modificar que sólo el gobierno federal puede adquirir las vacunas contra el nuevo coronavirus.

“Como ex titular de Cofepris: por supuesto que es posible que los particulares puedan comprar vacunas y después venderla. (Pero) eso tiene que venir especificado en el registro sanitario que se otorga a las empresas (farmacéuticas). Normalmente en el registro se pone la leyenda: para uso exclusivo del sector público y/o para uso del sector privado. Pero cuando no se dice que se puede vender en un sector u en otro, se puede vender en ambos sectores. Ahora, yo entiendo que por ser una pandemia como la que estamos viviendo, no podríamos permitir que los particulares acaparen el mercado de las vacunas, sobre todo cuando no hay ni siquiera vacunas para las personas en México.

“Entonces, sabiendo que los particulares son acaparadores, porque así es el mercado, en este caso particular debe ser el Estado, llámese el Estado federal o las entidades federativas, las que compren la vacuna y que la distribución la hagan los particulares”, expuso.

Consideró conveniente que el Estado adquiera las vacunas y las entregue a particulares específicos y con experiencia, como laboratorios médicos y hospitales privados, donde pueda ser vendida y aplicada a la población en general a un precio establecido por la autoridad.

“¿Qué significa esto? Que el Estado la compra y ellos podrían aplicar la vacuna a un precio muy bajo, yo creo que el precio se puede pactar con el gobierno federal para que no haya ningún abuso por parte de los particulares, porque luego vas al médico y te quieren cobrar la vacuna en 1,500 pesos más la consulta médica y terminas pagando 2,500 pesos. Eso se puede evitar con una cuota fija marcada en 50 o 100 pesos para que pueda el hospital (o laboratorio) pagar la luz, los congeladores que deberán tener para poder congelar la vacuna de Pfizer, o para tener al personal suficiente que va a aplicar la vacuna".

Toscano mencionó que el gobierno federal debe definir específicamente lo que pueden hacer los particulares y gobiernos estatales, además que no haya contradicción entre lo que dice la Presidencia de la República y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

“Yo creo que una medida prudente sería abrir la vacunación al sector privado, que puede ser de dos maneras: en la distribución exclusivamente para la aplicación de la vacuna, o si quisiera adquirir las vacunas para que esto sea mucho más rápido”, dijo.

—¿Se pude abrir un mercado negro?

—Más que mercado negro, porque creo que sea la palabra correcta, porque significaría el robo de la vacuna al sector público y se mete al mercado negro, eso no creo que estaría pasando. Lo que sí creo que estaría pasando es que los particulares compren la vacuna y la vendan a precios muy altos. Mucha gente está dispuesta a pagar 10,000 o 15,000 pesos para vacunarse, aunque sea en el sector privado. Eso no es mercado negro, sino libre mercado, un negocio que tendríamos que evitar. El acaparamiento de los particulares no es correcto. Lo que sí creo es que el gobierno podría apoyarse de la iniciativa privada para la distribución y aplicación más rápidamente, pero el tema es que si no hay vacunar qué ponerse, ese es el gran tema.

—¿Cuál sería el procedimiento técnico para permitir a particulares y gobiernos adquirir vacunas?

—La realidad es que el Consejo de Salubridad General es el órgano máximo en materia de una pandemia y que se ha reunido, no recuerdo si una sola vez desde que inició la pandemia. En la época que yo estuve en Cofepris, cuando tuvimos la pandemia de AH1N1, el Consejo Nacional de Salubridad sesionó de manera inmediata y no dejó de sesionar (…) es el órgano máximo en la toma decisiones. Es una pena que este gobierno y esta Secretaria de Salud estén centrados en la Presidencia y sea quien manda, que decide por todos los mexicanos, la realidad es que una irresponsabilidad porque deben ser los técnicos los que decidan. El Consejo Nacional de Salubridad debe estar sesionando de manera permanente y en su caso decidir cómo otorgar el registro sanitario, si pueden o no los particulares participar y en qué modalidad pueden hacerlo. Yo sí creo que deben participar, al menos en la parte de la distribución, y participar la Secretaría de Economía y Profeco para evitar la especulación de los precios y establecer precios fijos.

—¿Si los particulares sólo participan en la distribución no la podrían adquirir?

—Yo creo que el Estado debe comprar la vacuna; por ejemplo 150,000 dosis diarias y distribuirlas en hospitales y laboratorios, quienes podrían cobrar la aplicación de la vacuna. Ese costo debe ser fijado por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, vigilado por Profeco para que no quieran cobrar más por la aplicación de la vacuna. Aunque los particulares sí podrían comprar la vacuna si el registro sanitario lo permitiera, hoy eso no existe como posibilidad porque los registros sanitarios otorgados son únicamente para que el Estado pueda adquirir la vacuna. Lo que puede pasar es que el Estado compre la vacuna y los particulares ayuden a la distribución.

—¿Por qué cree que el Presidente de la República accedió a este ofrecimiento que hizo el Consejo Coordinador Empresarial de financiar la compra de más vacunas?

—Yo creo que es porque ya se dio cuenta de que no tiene (el gobierno federal) la capacidad de aplicación de la vacuna, porque no quieren meterle un peso a ese tema y todo lo quieren conseguir gratis para que no le quiten dinero a sus programas sociales. Yo creo que es un peso importante que le quitan, porque no quiere meterle más dinero a la vacunación, y si ve la oportunidad de que alguien más pueda pagarla, llámense gobiernos estatales o particulares, ve una visión más práctica que una preocupación por la salud de la gente.

jorge.monroy@eleconomista.mx