Aeropuertos y apps: libertad de movilidad

La escena en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México volvió a ser una postal de retroceso. Pasajeros arrastrando maletas, autoridades mirando sin soluciones eficaces y un coro de consignas por parte de taxistas que, con arbitrariedad, impiden la llegada y salida de servicios de movilidad que millones de usuarios prefieren.

El conflicto no es un choque de intereses comerciales. Se trata de una elección deliberada de las autoridades por privilegiar fórmulas regulatorias obsoletas y de un gremio taxista que resiste la modernización, aun cuando la ley no prohíbe expresamente a aplicaciones como DiDi y Uber operar en aeropuertos.

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, evento donde México recibirá partidos y viajeros internacionales, el AICM requiere soluciones de movilidad diversas e innovadoras. La Copa Mundial arranca el 11 de junio, fecha ineludible para planear logística urbana y aeroportuaria con visión tecnológica y de futuro.

Mientras tanto, la respuesta oficial ha sido operativos y restricciones destinados a inhibir las plataformas, aun cuando obtuvieron suspensiones judiciales que las amparan frente a sanciones. Uber logró que un juzgado federal ordenara a la Guardia Nacional cesar las sanciones contra conductores por recoger o dejar pasajeros en aeropuertos (juicio de amparo 1202/2025).

La estrategia de las autoridades federales mezcla desconocimiento técnico con complacencia hacia taxistas locales. En la letra de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal no existe una cláusula expresamente dirigida a las aplicaciones. Las normas fueron concebidas en una era previa a la economía digital colaborativa. Las autoridades federales se escudan en interpretaciones rígidas de ambas leyes.

Equiparar taxis concesionados y servicios privados habilitados por tecnologías móviles crea vacíos jurídicos y permisiones discrecionales. Esa discrecionalidad favorece a quienes controlan espacios dentro del aeródromo y permite el uso arbitrario del poder de veto por parte de los taxistas.

La presencia de la Guardia Nacional en operativos para inhibir el servicio de DiDi, Uber y cualquier plataforma de movilidad demuestra tensión entre la aplicación de la ley y el respeto a las sentencias judiciales.

Los operativos punitivos y las medidas de contención culminaron esta semana en bloqueos por parte de taxistas del aeropuerto, con el pretexto de “competencia desleal” aunque sin ofrecer alternativas para mejorar su servicio e infraestructura. La acción tuvo afectaciones directas a los viajeros y el mensaje de que la comodidad, la libertad de elección del usuario y la innovación pueden sacrificarse en favor de intereses corporativos locales.

Quienes defienden la prohibición de las plataformas argumentan respeto por las concesiones, pero nadie las está alterando. Lo único cierto es que los aeropuertos más modernos del mundo han integrado las plataformas de movilidad como parte del ecosistema multimodal y han implementado medidas para facilitar el abordaje de usuarios con puntos de recogida señalizados y coordinación logística. Acabo de visitar Madrid; su aeropuerto tiene un área específica para abordar el Uber.

La experiencia internacional demuestra que la incorporación de las aplicaciones mejora la oferta y empuja al taxi tradicional a modernizarse y mejorar su servicio en beneficio del pasajero. Prohibir el uso de plataformas no es sinónimo de certeza legal, sino de restricción de opciones, afectación al derecho a la movilidad y aumento de costos para los usuarios.

La realidad cotidiana para el pasajero bajo estas restricciones es dura. Forzado a elegir una opción no deseada, el viajero sufre mayor riesgo por traslados improvisados, pago de tarifas superiores, tiempo perdido y la sensación de estar sujeto a persecución administrativa si opta por lo que la mayoría prefiere usar.

Para el conductor de plataforma, las consecuencias son menos ingresos y arbitrariedad en la aplicación de sanciones. El relato del “conflicto” taxis vs. plataformas es una maniobra donde priman intereses de un mercado protegido y prácticas que bordean la colusión taxista con las autoridades.

¿Qué exige el sentido común? Dejar de perjudicar al usuario y pensar en los miles de visitantes que llegarán para el Mundial y abrirán su smartphone para solicitar un vehículo privado. Hay que abrir de inmediato una reforma normativa que reconozca la existencia de modelos de transporte habilitados por plataformas digitales y que establezca requisitos de operación claros, transparentes y no discriminatorios para todos los actores del ecosistema, puntos de encuentro para aplicaciones en el aeropuerto, todo ello sin criminalizar la innovación.

También hay que impulsar la modernización del servicio de taxi para crear un servicio competitivo y de calidad. Se requiere voluntad política, no operativos ni bloqueos.

Gobernar no significa proteger un sector mafioso, oneroso e ineficiente como el de los taxistas del aeropuerto por encima del interés general. Gobernar implica adaptar las reglas al siglo XXI, proteger al usuario y garantizar seguridad mediante una regulación inteligente.

Mantener cerrada la puerta a las plataformas en el AICM es renunciar al diálogo, la colaboración y la oportunidad de sumar una pieza clave del sistema de movilidad en la capital. Es regalar el espacio público a intereses que no coinciden con el interés del pasajero. Si la autoridad persiste en la penalización de la innovación, la factura la seguirán pagando los viajeros y la mala imagen del país ante el mundo, justo cuando millones de visitantes llegarán para el Mundial.

La exigencia es modernidad, legalidad y libertad de elección para quienes viajan. Libertad y competencia para mover México con derechos, tecnología e innovación.

X: @beltmondi