La senadora Ana Lilia Herrera presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros, para generar condiciones de igualdad en ese rubro a personas con discapacidad visual.

La legisladora subrayó la importancia de que las entidades financieras cuenten con sistemas electrónicos, lenguaje escrito, oral, lengua de señas mexicana, visualización de texto en sistema Braille, dispositivos multimedia o auditivos para que ese sector de la población cumpla con los requisitos para contratar esos servicios.

La implementación de esas herramientas permitirá la inclusión económica de 32.5% de la población en México que tiene alguna discapacidad visual o en capacidad potencial, materializando así las políticas financieras impulsadas por el Estado, explicó.

En ese sentido, mediante un comunicado, indicó que las modificaciones contribuyen a la armonización de las disposiciones jurídicas establecidas en la Constitución mexicana y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Además reconoció el interés mostrado de las entidades financieras para promover la inclusión de ese sector de la población, al brindar su apoyo en la difusión y distribución de la tablilla de billetes con caracteres de sistema Braille para personas con discapacidad visual , emitida en noviembre de 2012.

Asimismo la Asociación de Bancos de México promovió la instalación gradual de cajeros automáticos con sistema Braille que permitan operaciones financieras a personas con algún tipo de debilidad visual.

La iniciativa plantea adicionar la Fracción I Bis al Artículo tres, recorriéndose las subsecuentes; reformar los artículos 7 primer párrafo, la Fracción II, y el penúltimo párrafo del Artículo 11, segundo párrafo del Artículo 13, así como la Fracción I del Artículo 18 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El proyecto de decreto fue suscrito también por las senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Arely Gómez González, y turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y discusión.