Tras admitir que el sistema penal está en crisis, los senadores Roberto Gil (PAN) y Manuel Camacho (PRD) propusieron un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, el cual contempla acciones para el fortalecimiento del papel de la víctima, la debida aplicación de juicios orales, acotamiento del cateo y arraigo, incluso diligencias especiales en caso de delitos fiscales, financieros y de lavado de dinero.

En la iniciativa presentada, aunque no expuesta en la tribuna del Senado, se destaca que la víctima o el ofendido tendrá derecho a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten para el ejercicio de la acción penal.

Por otro lado, detalla que los juicios orales deben ser la solución de muchos problemas que actualmente padece el sistema de justicia penal, la iniciativa no los contempla para que sólo tengan una aplicación excepcional, sino para que se apliquen al mayor número de casos, sobre todo a los más graves .

En cuanto a delitos fiscales, financieros y lavado de dinero explica que para determinar su existencia se requiere información del sistema financiero, incluyendo las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los requerimientos de información se harán directamente a las entidades que integran el sistema financiero y se dará aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Servicio de Administración Tributaria, según corresponda.

En estos casos, las entidades que integran el sistema financiero tendrán la obligación de proporcionar la información o documentación que les sea fundada y motivadamente requerida , se lee en el documento.

No obstante, los requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda.

La propuesta determina las reglas para la investigación de delitos complejos, es decir, de delincuencia organizada y sus conexos, los cometidos en el extranjero, delitos bancarios, secuestro, trata de personas y pornografía infantil, así como homicidios intencionales agravados. Precisa que sólo en los casos de detención por flagrancia o caso urgente tendrá lugar el arraigo domiciliario.

Además, un juez de control podrá determinar si en lugar de arraigo o de otra medida cautelar que implique privación o restricción de la libertad, el Ministerio Público federal coloque localizadores electrónicos al inculpado por un tiempo que no será mayor al que correspondería al arraigo .

Para proceder a los cateos, se lee en la iniciativa, se requerirá, al menos, la existencia de indicios o datos que hagan presumir, fundadamente, que el inculpado a quien se trate de localizar o aprehender se encuentra en el lugar en que deba efectuarse la diligencia; o que se encuentran en él los objetos materia del delito (...) que puedan servir para la comprobación del hecho que la ley señala como delito o del inculpado que lo cometió o participó en su comisión .

La iniciativa que presentaron los senadores, integrantes de la Comisión de Justicia, se propone luego de reuniones de trabajo con representantes de organizaciones civiles.

tania.rosas@eleconomista.mx