La Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a garantizar el debido proceso en la investigación que inició contra 31 científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y prometió que dará acceso oportuno a cada uno de ellos a la carpeta de investigación.

Luego de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para que la FGR evite la “persecución mediática y ministerial” contra los 31 investigados, la FGR respondió que  no ha hecho públicos datos propios de la indagatoria ministerial respectiva, así como de las personas posiblemente inculpadas.

Argumentó que en su comunicado FGR 377/21, hizo posicionamiento “única y exclusivamente a instituciones y temas judiciales y procesales que reflejan su derecho a ejercer sus funciones ministeriales de orden constitucional”.

Aunque algunas de los 31 personas han expresado que por meses han tratado de que la FGR les permita tener acceso a la investigación, la FGR aseguró que “a todas las personas que han solicitado acceso a la carpeta correspondiente y que tengan derecho a ello, se les ha dado acceso y se les han entregado los expedientes completos, como es público y notorio; y, en ningún momento, se les ha expuesto a los medios de comunicación; y ellos son los que han hecho libremente las declaraciones que han creído convenientes”.

La Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero dijo que el Ministerio Público de la Federación “ha cuidado y cuidará el debido proceso en éste y en todos los casos en los que interviene”.

El órgano autónomo de procuración de justicia dijo, sin embargo, que de conformidad con el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no existe reserva alguna en la información sobre posibles hechos de corrupción.

“También, es necesario tomar en cuenta que los Agentes del Ministerio Público, sus auxiliares, peritos y personal de apoyo, como personas que están cumpliendo con sus funciones, son merecedores de las medidas necesarias para proteger sus derechos humanos, que están amparados por el orden jurídico mexicano”, argumentó.

jorge.monroy@eleconomista.mx