Gabriela Dutrénit, excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) del Conacyt, acudió este miércoles a una audiencia en la Fiscalía General de la República (FGR) donde funcionarios le confirmaron la investigación que realiza en su contra, así como de 31 exfuncionarios y científicos por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones.

A su salida, Dutrénit dijo confiar en que pronto termine el “atropello”, como calificó a la investigación de la Fiscalía, pues externó la legalidad sobre su actuación como excoordinadora del FCCyT. Indicó que el citatorio fue para que funcionarios de la FGR le confirmaron los hechos de investigación, y le garantizaron que en dos semanas le proporcionarán copia del expediente.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que es posible que el ministerio público pueda judicializar en cualquier momento una carpeta de investigación por delitos similares contra una persona siempre que no prescriban los delitos.

El ministro reiteró que en la reunión que sostuvo la semana pasada con un grupo de cinco de los 31 científicos y exfuncionarios, “los escuché y les expresé que tuvieran confianza en que el Poder Judicial de la Federación iba a seguir actuando con independencia e imparcialidad”.

El pasado 22 de septiembre, la Fiscalía General de la República anunció que creará un nuevo expediente para solicitar a un juez -por tercera ocasión- orden de aprehensión en contra 31 científicos a quienes acusa de haber desviado 244 millones de pesos, no obstante de que dichos montos fueron autorizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como lo determinó un juez que negó las órdenes de aprehensión.

Previamente, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por delitos patrimoniales en contra del erario público. Esto a raíz de una denuncia que presentó ante la FGR la titular del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla.

Ante esa negativa, la Fiscalía dijo que el Ministerio Público de la Federación no coincide con los argumentos expuestos por el juez, “y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.

“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, afirmó la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero.

La FGR dijo que intentará con un nuevo expediente la judicialización del caso, y llevará a cabo todos los recursos procedentes que tenga para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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