En México, con el argumento de la autonomía, las Comisiones de Derechos Humanos operan sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre sus acciones que garanticen a las víctimas exigir resultados satisfactorios e impugnar sus resoluciones.

Así lo denunciaron Margarita Griesbach, Ximena Andión y Pablo Girault, de la Oficina de Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia AC, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y de México Unido contra la Delincuencia AC, respectivamente, quienes informaron de la presentación de una demanda de responsabilidad patrimonial en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el caso de la periodista y activista de derechos humanos, Maite Azuela, para obtener garantías de que no se repita una simulación de investigación.

Azuela explicó que el órgano autónomo local desechó la demanda de reparación del daño que promovió en su momento, tras la resolución correspondiente, con el argumento de que sus actos y decisiones son incuestionables,ya que no son actos de autoridad .

En marzo del 2014, abundó Azuela, presentó una queja ante la CDHDF luego de que elementos de la policía capitalina entraron a su domicilio con armas de grueso calibre, sin orden judicial y porque aseguraron que en el interior había una persona en peligro, y que fue hasta un año después, luego de que solicitó el expediente de investigación, cuando simplemente se simuló la indagatoria, se cerró el caso, y fue informada, vía telefónica y sin registro alguno, que no se encontraron elementos para proceder.

En noviembre del 2015, precisó, fue amenazada de muerte al recibir en su domicilio una copia del periódico donde trabajaba, con su foto.

Quizá si la Comisión hubiera actuado, la amenaza de muerte no hubiera llegado. Hay periodistas en que la acumulación de intimidaciones es todavía más fuerte (...) la indefensión provoca que así suceda’’.

La CNDH arguyó que no había encontrado evidencias de que policías armados entraron a su domicilio, expresó, cuando el expediente así lo consigna.

De ahí que junto con los representantes de los citados organismos civiles que la apoyan en su defensa en calidad de codenunciantes, promovió la referida demanda de responsabilidad patrimonial en contra de la CDHDF, así como un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, también en proceso, en contra de la resolución de la CDHDF.

Ese mismo juzgado ya otorgó a la periodista un amparo en contra del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, por denunciar la ausencia de una metodología basada en estándares internacionales para la evaluación del riesgo y determinación de un plan adecuado de protección.

Es muy grave que los órganos autónomos funcionen sin ser sujetos a un escrutinio o tutela judicial, colocando aquello que es particularmente sensible (sus resoluciones) en alguien que está fuera de todo tipo de rendición de cuentas’’, estableció Margarita Griesbach.