Las organizaciones Causa en Común; Impunidad Cero; Tojil y la Coparmex, presentaron el “Decálogo por la Seguridad y la Justicia”, en el que plantearon la necesidad de reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con el propósito de que las estrategias de combate a las violencias, el delito y la delincuencia, sean transexenales y se eviten los modelos fallidos.  

“La importancia de reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que durante los 20 años de su existencia, lo que hemos visto es que es una institución que opera bajo incentivos políticos alejados del funcionamiento estrictamente técnico. Por tanto, se requiere reorganizar el sistema para convertirlo en una serie de instituciones que funcionen con perspectiva de Estado, que construyan políticas de seguridad basadas en evidencia; que se comprometan con el presupuesto; que independientemente de las diferencias políticas se tomen decisiones de largo plazo más allá de un sexenio, y que impidan seguir repitiendo modelos fallidos”, indicó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

Durante una conferencia de prensa virtual, argumentó que “hoy en México, no nos sentimos protegidos, no se hace justicia. Llevamos años sin poder salir de la crisis. Los lugares donde se cometen (los delitos) han cambiado, pero lo que no cambia es la impunidad, la frustración, el enojo y el dolor de miles de víctimas que sólo se acumula. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué las violencias y la inseguridad no las podemos detener? Porque el sistema de seguridad requiere que este sea funcional en todas sus partes, porque aun cuando logremos hacerlo funcionar en una, no lograríamos tener seguridad y justicia si no lo hacemos en conjunto”, planteó.

El consultor Max Kaiser indicó que el decálogo será presentado a autoridades federales y locales; legisladores del Congreso. “Es poner 10 puntos sobre la mesa que nos va a permitir a todos discutir desde la prevención hasta lo último que sucede en un penal. Queremos abarcar la cadena completa, queremos entender la cadena completa de la seguridad y la justicia”, afirmó.

El segundo punto del decálogo plantea indispensable que todos los esfuerzos para restablecer la seguridad y la justicia estén acompañados por una política nacional de prevención integral de las violencias y la delincuencia, que atienda las causas, sea focalizada y adaptada a las circunstancias de cada comunidad y región del país.

El tercero, construir y consolidar a la Guardia Nacional como un cuerpo civil nacional, y no como una extensión de las Fuerzas Armadas. Además, que haya mejores salarios para las policías locales, que se cumplan sus derechos laborales, tengan capacitación permanente y de calidad, y haya mayor inversión en equipamiento e infraestructura.

El cuarto, consolidar y garantizar la autonomía técnica y presupuestal de las Fiscalías y Procuradurías federal y estatales, con especial atención en una auténtica carrera ministerial, así como fortalecer las labores de inteligencia y servicios periciales con solidez científica.

El quinto, que esas Procuradurías y Fiscalías incrementen la eficiencia en la investigación y el juzgamiento de los delitos, desde la perspectiva de una respuesta efectiva de justicia para las víctimas.

El sexto punto del decálogo sugiere crear políticas integrales para reducir la corrupción en Ministerios Públicos y policías, mediante la implementación de un sistema integral de identificación de patrones de corrupción a través de controles robustos y eficaces.

El séptimo tiene que ver con mejorar cada eslabón que integra el sistema de justicia. “Entender al sistema de justicia como una cadena compleja de autoridades, para mejorar el entendimiento entre los eslabones de esa cadena, que inicia desde policías, analistas, peritos, ministerios públicos y hasta jueces”, sostiene.  

El octavo aumentar y consolidar la coordinación policía-perito-ministerio público sobre la comisión de los delitos a través de la interconexión de bases de datos a nivel nacional. Esto con el propósito de que haya verdaderos sistemas de inteligencia, útiles para combatir la delincuencia.

El noveno punto es referente a recuperar el control del Estado en los penales, mediante trabajo de inteligencia, operativos policiales y un programa emergente que permita reconstruir el sistema, sobre premisas esenciales de orden, justicia, dignidad y reinserción social

Finalmente, el “Decálogo por la Seguridad y la Justicia”, consideró imprescindible dotar de capacidades a las fiscalías anticorrupción para que puedan sancionar los delitos de corrupción y recuperar recursos obtenidos ilegalmente, tanto por servidores públicos como por particulares.

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