Los gobiernos de las 32 entidades del país reportaron a la Federación tener problemas como alta presencia de grupos criminales, así como dificultades para reclutar a policías y para adquirir vestimentas, equipamiento balístico y vehicular.

En el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional se ordenó a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo de 180 días a partir del 27 de marzo del 2019, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.

Entrevistado por El Economista, el secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Ángel Pedraza López -quien coordinó la entrega de dichos informes-, indicó que se recibió esa documentación de los gobiernos de los estados, en la que reportaron información variada e inconsistente sobre la situación de seguridad y de sus policías.

Precisó que la Federación no proporcionó a los gobiernos guías o plantillas porque reducirían el problema de la seguridad a un simple llenado de formularios, por lo que los documentos entregados, dijo, a la vez son propuestas de soluciones por cada localidad.

“El tipo de información que se presentó fue de tipo presupuestal, y de la forma en la que están viendo la concepción del problema; cuáles son los principales problemas que está enfrentando la seguridad pública de cada entidad. Algunas localidades refieren tener presencia activa de la delincuencia organizada, otras refieren que la problemática que enfrentan es la falta de componentes de equipamiento. Otras, por el contrario, dijeron que el problema es el déficit de policías o la falta de personas que quieran ser policías; otras han hecho esfuerzos en mejorar la confianza de la sociedad en sus organizaciones.

“Las realidades fueron muy diversas. El informe de Hidalgo es de 10,000 hojas. Hubo documentos que tuvieron una composición inferior, un diagnóstico de 100 cuartillas. En algunos casos, por ejemplo Guerrero, no todos los municipios aportaron los elementos de actuación en términos de seguridad pública desde lo local”, explicó.

“El diagnóstico, la información que se nos proporcionó fue inconsistente. No todas las entidades federativas han avanzado de manera idónea en todos sus procesos relacionados con la seguridad pública, con la gestión específica de los recursos humanos, materiales y financieros que utilizan para la seguridad.

“Pongo un ejemplo: la certificación de control de confianza, aun cuando tenemos avances importantes en el estado de fuerza, todavía tenemos rezagos significativos en algunas entidades federativas”.

Cuestionado acerca del uso que dará la Federación a dichos diagnósticos, Ángel Pedraza mencionó que servirá para que se puedan definir los presupuestos de los fondos en materia de seguridad a estados y municipios. Mencionó que los diagnósticos se tendrán que presentar también a los Congresos locales, a efecto de que den seguimiento a los planes estatales para fortalecer a sus corporaciones policiacas.

Mencionó que en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad se definirán los indicadores para medir avances en rubros como capacitación, profesionalización, salarios mínimos, justicia cívica, áreas de análisis y de combate a la corrupción al interior de las corporaciones.

“La expectativa es lograr que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública se autoricen los indicadores con los que habremos de medir al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que estos indicadores estén obligados, los estados y los municipios, a reportarlo, se genere una indexación o un listado, y podamos darle seguimiento puntual”, comentó.

Por separado, el titular del SESNSP, Leonel Cota Montaño, informó que pasó de 22 a 60% el avance en la certificación de las corporaciones policiales y de seguridad pública del país.

Mencionó que 26 entidades federativas cuentan ya con un mayor estado de fuerza y convocó a cerrar filas para mejorar la capacidad operativa de las policías estatales y municipales en materia de seguridad pública, para certificarlos.

En resumen, dijo, creció el número de elementos policiacos certificados y ya hay muchos estados de la República que tienen cuando menos tres elementos de policía acreditados por cada 100,000 habitantes.

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