Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dijo que ante los efectos del Covid-19, el gobierno mexicano requiere de una reforma fiscal progresiva que le garantice mantener, e incluso incrementar, los apoyos sociales existentes, y ampliarlos a sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas.

Impulsar una reforma fiscal progresiva es esencial, porque el propósito central para poder expandir el bienestar y la construcción del Estado social de derechos se requiere ingresos sostenidos para gastos permanentes”, dijo.

Al participar mediante videoconferencia en la presentación del documento “Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de Covid-19 y sugerencias para enfrentar los próximos retos”, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la UNAM, Alicia Bárcena dijo que “son tiempos de acción y reflexión” para todos los gobiernos, incluido el mexicano, para quien planteó un decálogo de recomendaciones entre ellas la reforma fiscal.

Sugirió apoyos urgentes a los sectores más vulnerables de bajos ingresos como empleadas del hogar, trabajadores informales, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.

También sugirió la ampliación temporal de los programas sociales existentes, y en la medida de lo posible elevar el monto de los apoyos.

También priorización de la protección y recuperación del empleo formal, “sobre todo ese empleo con derechos, lo que se denomina decente en términos de la Organización Internacional del Trabajo, y proporcionar los apoyos necesarios en función de este apoyo central”.

Alicia Bárcena también planteó que México necesita maximizar el teletrabajo, “pero hacerlo con respeto a derechos laborales y dotación de los apoyos necesarios en equipo y conectividad; sabemos que muchos hogares no tienen la conectividad a internet, ni tampoco la infraestructura necesaria y los equipos”.

Sostuvo que la reactivación económica debe ser con base en la racionalización de horarios, cuidados especiales en el transporte público, monitoreo de pruebas de detección del coronavirus SARS-CoV-2 y ampliación de la actividad económica en consonancia con el plan de vacunación.

Dentro de las medidas de corto y largo plazo mencionó hacer de la salud pública una prioridad de la política social y definir una ruta para su financiamiento multianual y sostenido, lo que implica mantener e incrementar la infraestructura ya lograda durante la emergencia de Covid-19, como punto de partida para construir un sistema de salud robusto e integrado.

Respecto a la seguridad económica para la población, externó la implementación gradual y sostenida de un ingreso básico universal como la pensión de altos mayores, pero para la población en general, así como implementar el seguro de desempleo a nivel nacional.

Frente al incremento de la violencia intrafamiliar y contra la mujer en época de pandemia, la secretaria general de la Cepal planteó un sistema público de derechos para las mujeres para que no estén confinadas al cuidado doméstico.

También hizo énfasis en mejorar los servicios como el agua, recolección de basura, entorno urbano y rurales, y abatir la pobreza energética de los ciudadanos.

“Es una apretada síntesis de las recomendaciones de protección social; son representativas de su urgencia”, planteó Alicia Bárcena Ibarra.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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