En México, el valor del agua consumida es de más de 35,000 millones de pesos; un recurso que a decir de los órganos defensores de los derechos humanos en el país ha empeorado en calidad en relación a cómo y cuánto llega a los hogares.

Entre el 2009 y el 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió 1,093 quejas calificadas como presuntamente violatorias del derecho humano al agua, cuyas principales motivaciones fueron el cobro excesivo o injustificado por el servicio y la interrupción repentina del suministro.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhibió que la cantidad y calidad de los recursos hídricos ha disminuido en las últimas décadas, a consecuencia de la creciente demanda para cubrir necesidades domésticas, agropecuarias e industriales, entre otras; así como la modificación de los patrones climáticos y la contaminación. Mientras que en 1950 la disponibilidad de agua en México era de 17,742 metros cúbicos por habitante al año, para el 2030 se estima que será de sólo 3,800.

En cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2015 el porcentaje de viviendas particulares habitadas que contaban con servicio de agua entubada fue de 94.6% y, con relación al servicio de drenaje, 92.8 por ciento.

De un total de 29’048,251 hogares que cuentan con servicio de dotación de agua, 21.2 millones reciben agua diariamente; 4.4 cada tercer día; 1.6 dos veces por semana y 1.08 millones de hogares reciben agua sólo una vez por semana.

En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado cada 22 de marzo, la CDHDF exhibe que la planeación urbana y el ordenamiento territorial continúan desvinculados de la planificación hídrica, lo cual ha generado un impacto ambiental negativo en el entorno, así como diferencias en el acceso, la calidad o la disponibilidad del vital líquido, que repercuten en las condiciones de vida de numerosas personas que acceden al derecho en situaciones de ausencia, inequidad, precariedad, condicionamiento o concesión, en detrimento de comunidades, pueblos, barrios o colonias particularmente de la Ciudad de México.

El organismo nacional advierte, por su parte, la necesidad de ajustar las leyes y políticas a criterios internacionales. Con tal motivo, en enero del 2016 se pusieron a disposición del público diversos instrumentos en relación con el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento.