La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, pidió a los senadores no darle el tiro de gracia a la PGR y reconsiderar si se le otorgan atribuciones de carácter penal a la comisión nacional anticorrupción.

En el Senado de la República comenzó la discusión en torno de las características que tendrá la comisión nacional anticorrupción, que sustituirá algunas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, pero llamó la atención la pretensión de que el nuevo órgano pueda ejercer acciones penales.

La Subprocuradora expuso ante senadores y funcionarios federales que Argentina, Brasil, Colombia y Chile, por ejemplo, no tienen organismos anticorrupción que ejerzan acciones penales. Esa atribución, en la actualidad, le corresponde a la PGR. Darle atribuciones para la prevención, combate, la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal (a la comisión) me parece que ahí no estamos favoreciendo la especialización de un órgano , dijo.

Luego de que el senador Armando Ríos Piter (PRD) expusiera que la comisión surge luego de que los ciudadanos no tienen confianza en los ministerios públicos y considerar lo contrario por parte de la funcionaria sería como vivir en otro planeta , Benítez reconoció que la PGR ha sido una de las instituciones más olvidadas y descuidadas en anteriores administraciones, y expuso no por duplicar órganos vamos a solucionar problemas .

En lugar de duplicar órganos pensemos en cómo mejorarlos (…) La verdad no creo que en este caso, como estamos encontrando la Procuraduría, no creo que lo ideal sea darle el tiro de gracia .

Detalló que en la PGR revisa la estructura orgánica de la institución porque no es funcional y precisó que los exámenes de control de confianza tampoco funcionan.

Al encuentro acudió el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; el encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde; el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez, y el consejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera.

Portal Martínez destacó que la corrupción aleja la inversión, aumenta la pobreza y obstaculiza que millones de personas encuentren medios efectivos para ejercer sus derechos.

Olivas Ugalde consideró que el órgano debe prever sanciones económicas y consideró factibles que determine hasta tres tantos del daño económico que se le ocasione al Estado, lo que sería una medida ejemplar para quien incurra en actos de corrupción.

tania.rosas@eleconomista.com.mx