Aunque la intención de la mayoría del grupo parlamentario de Morena, y sus aliados en la Cámara de Diputados, era votar ayer en el pleno el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ello sin importar los reclamos de víctimas sobre que el proyecto es violatorio de sus derechos humanos, finalmente dicho tema fue aplazado.

Previamente, luego de tres días de discusión, dos recesos y una evidente división entre diputados de Morena, la Comisión de Justicia logró aprobar el dictamen que expide la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual sólo llevaba dos años de su implementación. El dictamen se avaló con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Peticiones de colectivos

Después de que ayer decretó un receso, la Comisión de Justicia reinició su reunión extraordinaria con el fin de escuchar las voces de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas desaparecidas y continuar con el análisis del proyecto de dictamen. Ahí, exigieron a los legisladores fueran tomados en cuenta para decidir sobre la ley, al tiempo que advirtieron grandes retrocesos en sus derechos humanos en caso de aprobarse las modificaciones. 

Así lo expresó Martín Villalobos Valencia, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quien advirtió que de no realizarse los cambios, las familias y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos no acompañarán la iniciativa, y acudirán a otras instancias. “Esta Ley va en contra de lo que hemos ganado como víctimas y genera un retroceso”.

Mientras que Melisa Mariana Moreno Arenas, familiar de una víctima, refirió que hace dos años se dio el voto de confianza a la actual y vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y ahora “pedimos a las y los diputados que antes de desecharla se implemente y ponga en marcha”.

Marite Valadez Quimijara, también familiar de una víctima, expresó que al reformarse la Ley de la Fiscalía General de la República será autónoma y no tendría la obligación de investigar y menos de buscar, por lo que no “podríamos exigirlo porque ya no estará en nuestras manos. Si aún no tienes un desaparecido, ayúdanos a dar marcha atrás a esta reforma”.

Virginia Garay Cázares, madre de un desaparecido, comentó a los legisladores que se tiene “confianza de que ustedes ven por el bien de nosotros, pero al cambiar la ley atentarán en nuestra contra; si se cambia se le quitarán atribuciones a la fiscalía y nos quitarán ayuda”.

División de legisladores

Y aunque, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) solicitó abrir el debate para discutir el dictamen, fijar las posiciones y hacer propuestas, morenistas como Rubén Cayetano García instaron a entrar a la ruta de la conciliación y votar el dictamen para enviarlo al pleno.

“Si entramos a discusión, nos vamos a seguir atorando; entonces, haremos un ejercicio inútil, estéril y ocioso, es preferible conciliar y enviarlo al pleno”, sostuvo.

Propuesta secundada por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), quien urgió a la presidenta de la Comisión se pusiera a votación la minuta en sus términos, sin ninguna modificación, porque, de no hacerlo, consideró, atrasaría su trámite legislativo que va en contra del interés de las víctimas. “Se deben cumplir los acuerdos”, señaló.

Sin embargo, otra morenista, la diputada Lorena Villavicencio Ayala, no se mostró de acuerdo con sus pares, pues consideró que era necesario realizar modificaciones al dictamen sin que se afecten las funciones de la FGR, para mejorar la propuesta en favor de los derechos de las víctimas y la posibilidad de acceder a la justicia.

Finalmente, después del segundo receso, la Comisión reanudó la reunión en la que avaló el dictamen sobre la nueva ley de la FGR. Las reservas se desahogarán en el Pleno.

Contenido de la norma

La finalidad del dictamen es crear un ordenamiento jurídico para establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR.

Respecto a la persona titular de la fiscalía general cita que su estructura estará sujeta a la autoridad jerárquica del fiscal general, quien ejercerá ésta sobre el personal de las fiscalías, unidades y áreas que la integran y garantizará la independencia y autonomía de las funciones del Ministerio Público.

En el artículo Quinto Transitorio señala que, a partir de la entrada en vigor de este decreto, quedará desincorporado de la administración pública federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales, que pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República.

maritza.perez@eleconomista.mx