El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) celebró que la Cámara de Diputados haya escuchado algunas de sus observaciones en la miscelánea fiscal aprobada. Sin embargo, estimó que persiste la amenaza de intimidación a la objetividad que debe tener un auditor.

Laura Grajeda Trejo, presidenta del organismo de contadores, calificó como positivo el establecimiento de la obligación para ciertos contribuyentes a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, pues fomenta el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y mejora la recaudación en beneficio de la economía, así como de las familias mexicanas.

Sin embargo, consideró que aún hay áreas de oportunidad, pues en la redacción de la norma persisten ambigüedades y falta de claridad.

En el marco de la 98 Asamblea Convención Nacional del IMCP, pidió al Senado revisar los términos de obligatoriedad y, de igual manera, definir con claridad el ejercicio fiscal al que se aplicará la medida.

Afirmó que obligar al contador público inscrito a informar a la autoridad fiscal conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal, y de no hacerlo, considerar se está encubriendo el citado delito, sobrepasa la actuación profesional de un trabajo de auditoría de estados financieros para efectos fiscales y representa una amenaza para la profesión, misma que se rige por una normatividad existente, con apego a normas internacionales en la materia, así como por las disposiciones profesionales a las cuales está obligada por ley.

Afirmó que “el auditor no debe, bajo ningún motivo, ser asesor de un contribuyente en la preparación de los estados financieros y la información que acompaña al dictamen fiscal; de hacerlo, revisaría su propio trabajo, lo cual también limita su escepticismo profesional, objetividad e independencia”.

Alertó que de conservarse la propuesta como llegó al Senado, se desincentivaría a quienes prestan servicios profesionales de auditoría de alta calidad en materia de auditoría.

“Ahora nos corresponde entablar un diálogo con los Senadores de la República, exponiendo nuestros puntos de vista y tratando de que se le dé un trato justo al trabajo profesional del contador público que funge como auditor”, precisó.

Argumentó que el dictamen fiscal, establecido desde hace más de 50 años, ha contribuido consistentemente al aumento de la recaudación en nuestro país.

“Apelamos, expresaron, al buen juicio de nuestros legisladores, para mejorar la propuesta de reforma al dictamen fiscal, que coadyuve a mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, al mismo tiempo, permita a la contaduría pública ejercer su profesión de manera objetiva y en beneficio de la sociedad”, mencionó Laura Grajeda Trejo.