Apatzingan, Michoacán. Para reactivar la economía en la región de Tierra Caliente, la más convulsionada por la delincuencia y el crimen organizado en Michoacán, se requiere para los diferentes sectores una inversión de por lo menos 9,000 millones de pesos en total.

Con la incursión de las Fuerzas Federales llegó un poco de tranquilidad a la región purépecha; sin embargo, el problema no está solucionado, ya que de acuerdo con especialistas, el gobierno federal no tiene un proyecto bien estructurado y de largo plazo.

Tan sólo en Apatzingán 500 negocios cerraron debido al desplome de las ventas en el municipio, el cual alcanzó un nivel cercano a 80%, caso similar al municipio de Los Reyes. Tan sólo Apatzingán genera 11% del Producto Interno Bruto del estado.

Gonzalo Zaragoza, secretario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Apatzingán, aseguró que el comisionado Alfredo Castillo Cervantes tiene muy buenas intenciones, pero no tiene una idea bien delineada de cómo solucionar el origen del problema: la falta de desarrollo y oportunidades para los michoacanos.

La Canaco Servytur Apatzingán, que concentra a los municipios de Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro, La Huacana, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla, realizó un plan de desarrollo integral para la región, el cual detalla las necesidades económicas y sociales que tienen los productores del campo, industria, comercio, así como el sector servicios y turismo.

El valle de Tierra Caliente tiene 70,000 hectáreas de cítricos entre los que destaca el limón mexicano con 47,000 hectáreas; el resto es limón tipo persa, lima y toronja.

Para la reactivación de este sector se necesitan 1,680 millones de pesos como sector primario y, para darle valor agregado, se requieren 300 millones más.

Para apoyar la producción de mango requieren 300 millones de pesos y para darle valor agregado como la agroindustria otros 200 más; para el comercio formal, pequeñas y medianas empresas, necesitan 1,200 millones. Los comerciantes reclaman que estos apoyos sean 50% a fondo perdido y 50% pagaderos a dos años.

Mientras que para el turismo 90 millones para hoteles, 23 para la industria restaurantera, 3 millones para las agencias de viajes, así como otros tres para los parques acuáticos.

Para el senador perredista Raúl Morón, la inseguridad que padece el estado tiene origen en la falta de equidad social, de inversión en infraestructura productiva y de institucionalidad política.

Por ello, afirma, las estrategias más eficientes para combatir la delincuencia y las condiciones de inseguridad tienen que ver con la puesta en marcha de programas de desarrollo económico y social que establezcan áreas concretas de intervención: zonas, grupos y comunidades marginados, infraestructura productiva, educación, estructura administrativa, entre otras.

Morón recogió las propuestas de varios productores de Tierra Caliente y formuló un documento que entregó a la Secretaría de Gobernación el año pasado, en el que destaca la reactivación de la cadena productiva del limón a través de un programa de financiamiento a productores y empacadores a tasa cero y un periodo de gracia de seis meses.

Dicho esquema sería operado por Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA).

Lo mismo propone que hagan para fortalecer las cadenas productivas o clústers de la fresa, el melón y el aguacate, productos en los que es estado líder nacional y mundial de producción.

Para la zona de la Costa, el proyecto expone que es inaplazable detonar la zona de la Isla de La Palma a través del proyecto de una zona franca y de un fideicomiso de promoción e inversión como el principal polo de atracción de inversión con el que cuenta el estado de Michoacán.

Se trata de la implementación de una estrategia de difusión para promocionar nacional e internacionalmente al estado, en la que se destaque la riqueza natural, cultural, gastronómica, histórica, artística y turística de Michoacán como ciudades prósperas, entornos naturales, artesanía única, playas, bosques, oportunidades de negocio y el puerto con mayor índice de crecimiento en el país.

LOS ALCALDES

Por su parte, presidentes municipales como Fernando Pulido Maciel, edil de Tingüindín, manifiestan que se requieren medidas y acciones de política social efectivas, de largo plazo; es decir, proyectos productivos que generen empleos y no sólo programas asistencialistas.

Menciona que, de no atenderse los grandes desequilibrios sociales, la exclusión y la falta de opciones de desarrollo para las comunidades, difícilmente será efectiva cualquier política que se proponga retomar la ruta del crecimiento económico o garantizar paz y seguridad a la población.

Edna Jaime y Edgardo Buscaglia, expertos en temas de seguridad y narcotráfico, respectivamente, explicaron que para el combate de actividades ilícitas como el tráfico y producción de droga no es necesaria su legalización, sino la implementación de políticas públicas que detonen el desarrollo económico, con oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y acceso pleno a la educación, salud y la justicia, sólo cuando el estado garantice estas condiciones se podrá erradicar la violencia en un estado plagado de complicidades entre autoridades y criminales, con asesinatos y descomposición social .

veronica.macias@eleconomista.mx