El Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, informó que tras una investigación, un juez de Control decretó este viernes 3 de junio, el aseguramiento de bienes del ex gobernador Rodrigo Medina, así como de otros 10 funcionarios de primer nivel de la administración estatal anterior.

Ernesto Canales dijo durante una rueda de prensa que ésta es la respuesta contundente y por la vía legal, del gobierno actual, a la exigencia de los nuevoleoneses de actuar en contra de la corrupción.

Canales Santos dijo que el embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana (Kia Motors) en Nuevo León.

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Dicho embargo, implica también a Rolando Zubirán Robert, ex secretario de Desarrollo Económico; Celina Villarreal Cárdenas, como ex subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional (ya que también fue titular de la Sedeco estatal); Rodolfo Gómez Acosta, ex secretario de Finanzas y Tesorero General.

Así como a Luis Marroquín Salazar, ex secretario de Obras Públicas; Fernando Gutiérrez Moreno, ex secretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Jaime Parada Ávila, director del Instituto de Innovación y Tecnología.

También, a Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey; Juan Livas Cantú, director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus y Víctor Martínez Trujillo, director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.

Municipio de Monterrey

Y con motivo de una denuncia presentada el 1 de marzo de este año por el secretario del Ayuntamiento de Monterrey, la Subprocuraduría inició una investigación por el delito indebido del servicio público de ex funcionarios municipales, por la adjudicación directa de un contrato de prestación de servicios con cargo al erario por 7 millones, 75,471 pesos.

Lo anterior por apoyo legal a funcionarios municipales encabezados por la ex Alcalde, Margarita Arellanes.

Operación Tornado

El aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la Operación Tornado , una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición, indica un comunicado.

No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara , manifestó Canales, durante la rueda de prensa.

También los inhabilitan

A su vez, la Contraloría General del Estado, dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios de la administración anterior e impuso una sanción de 210 millones de pesos a los cinco primeros, para resarcir el daño, por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y pagos irregulares a proveedores.

En esta lista, señalan a Rodolfo Gómez Acosta, ex Tesorero estatal; Luis Marroquín, ex secretario de Obras Públicas; Rolando Zubirán, ex titular de la Sedec; Ramón Villagómez Guerrero, ex director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario; Juan Livas Cantú, ex director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus y Víctor Martínez, ex director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.

Nora Elia Cantú, Contralora General, comentó que a la fecha la Contraloría ha integrado 117 casos por quejas y denuncias recibidas, así como por el resultado de auditorías, revisiones y verificaciones iniciadas a partir del cambio de Gobierno, de éstos, 42 son investigados directamente por la dependencia y en 47 se advierte presunta responsabilidad penal .