Durante el 2017 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dirigió siete recomendaciones a distintas autoridades capitalinas y tramitó 8,812 expedientes de queja, 91 de éstos iniciados de oficio.

Al presentar el Informe Anual 2017, la titular del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que derivado del sismo del 19 de septiembre, al cierre del año pasado, habían recibido 38 quejas, cifra que a la fecha alcanza más de 130 casos.

“El año pasado las quejas no eran por la reconstrucción, eran básicamente por la atención, por el sismo. Entonces, teníamos quejas abiertas por tardanza, porque no se les daba información, porque los albergues estaban mal y ese tipo de quejas. Eso se ha ido cerrando, porque en la medida en que acaba la emergencia pues acaban esas quejas”, dijo en entrevista.

La ombudsperson indicó que, durante el 2018, las quejas han sido por el proceso de reconstrucción, principalmente por la falta de certeza sobre los tipos de apoyo que recibirán los damnificados.

“Estamos haciendo dos caminos alrededor de la reconstrucción, uno es un Informe Especial que tardará alrededor de dos meses, o un mes, no va a pasar mucho tiempo; el otro que recoge lo de las audiencias y mucho trabajo que hemos estado haciendo alrededor de eso y el otro es la emisión, cuando sea pertinente, de alguna recomendación alrededor igual de eso”, explicó.

De acuerdo con el documento, en las siete recomendaciones emitidas por la CDHDF, se concentraron 42 expedientes de quejas correspondientes a más de 108 personas agraviadas, principalmente por la vulneración a los derechos a la integridad personal, debido proceso y a la libertad personal.

Además de los derechos de acceso a la justicia, al disfrute del más alto nivel posible de salud, a un nivel de vida adecuado, de las mujeres a una vida libre de violencia, a la vida y a la seguridad jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México es la autoridad a la que más se le dirigieron recomendaciones, seguida de la Procuraduría, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Salud y la Asamblea Legislativa.

De los 8,812 expedientes de queja registrados, 8,583 fueron clasificados como presuntamente violatorios de derechos humanos.