La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, por su presunta participación en actos de corrupción en los casos Odebrecht-México y AHMSA-Pemex, podría derivar en un episodio altamente mediático y mínimamente judicializado.

El pasado 17 de julio, cuatro años, cinco meses y nueve días después de renunciar a la dirección general de Pemex, Lozoya Austin regresó a México en calidad de extraditado de España y, ya en suelo mexicano, trasladado a un hospital, por lo que, hasta el viernes pasado, ningún juez había determinado su situación jurídica, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a él como si fuera un testigo colaborador.

El pasado lunes 20 de julio, López Obrador dijo: “vale la pena todo lo que va a decir. Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México”.

Luego, el viernes 24 de julio, destacó “la importancia de que ahora el señor Lozoya esté dando a conocer que hubo estos sobornos, que se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos”.

En su opinión “sí es un asunto que amerita que se atienda a fondo, que se terminen las declaraciones; que se busque un modo que permita, sin violar el debido proceso, informar al pueblo para que la gente conozca toda la verdad”.

Dijo que la idea es que eso sirva para que se castigue a los involucrados “para seguir estigmatizando a la corrupción, para que no se convierta en una práctica común aceptada y se pueda desterrar de México”.

Incluso dijo: “qué bien que la fiscalía tomo la decisión de otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad”.

Por ello, se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) opte por aplicar el Criterio de Oportunidad y le otorgue calidad de testigo colaborador en alguna o ambas investigaciones en las que está relacionado.

El Criterio de Oportunidad aplica cuando la Fiscalía decide no ejercer la acción penal, debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo. Es decir, se usa cuando la fiscalía ya determinó que sí existe un delito y que hay la probable responsabilidad de un individuo y, aun así, no presenta el caso ante la autoridad judicial.

El recurso está previsto en el artículo 21 constitucional y normado por el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que aplica “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Por tratarse de un exintegrante del gabinete ampliado se esperaría que sus revelaciones señalen conductas ilegales cometidas por algún exsecretario de Estado o el propio expresidente, que son los cargos superiores al que ocupó.

Lo cierto es que el regreso a México del exfuncionario ha generado una enorme expectativa, sobre todo, porque el presidente López Obrador dijo que ya hizo una primera declaración en la que habría mencionado nombres de políticos involucrados en el manejo irregular de dinero.

A esa expectación se han agregado versiones periodísticas, retomadas por el propio mandatario, que hablan de que Lozoya podría facilitar videos en el que aparecen políticos (exlegisladores) recibiendo dinero para que aprobaran la reforma energética.

“Es decir, si se compró la reforma. Por eso, es muy importante el que la Fiscalía General de la República haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador”, dijo el mandatario.

El criterio de oportunidad tiene restricciones

La especialista en sistema penal acusatorio, Estefanía Medina Ruvalcaba, comentó que aplicar en este caso el Criterio de Oportunidad constituye una idea problemática, porque si bien, en principio, sí procede para este tipo de casos, tendría que garantizarse la reparación del daño y en el asunto de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los montos serían bastante altos.

Además, existe una prohibición expresa en la ley, en los casos en los cuales el criterio atente contra el interés público. Precisamente éste sería el caso.

En opinión de la especialista, lo correcto debió ser que Lozoya Austin sea puesto a disposición del juez que libró la orden de aprehensión y, en una audiencia pública, determine su situación jurídica, es decir si va a ser o no vinculado a proceso y, hasta después, meditar si aplica el citado criterio.

Destacó que los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho no ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que el caso, en este aspecto es similar al de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, donde un juez determinó que siga en prisión por la probabilidad de que huyera del país.

Dos cuentas pendientes

De acuerdo con las órdenes de aprehensión que motivaron su detención en España, a Lozoya Austin se le acusa de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

Concretamente se le imputa haber recibido sobornos por 9.1 millones de dólares de Odebrecht y 3.4 millones de dólares de AHMSA, razón por las cual se giraron dos órdenes de aprehensión, una por cada caso.

Las acusaciones están agrupadas en dos procesos. El primero, consignado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, en la causa penal 261/2019, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y cohecho.

En este caso, además del exdirector de Pemex, aparecen como imputados su hermana, Gilda Susana; su madre, Gilda Margarita Solís; su esposa, Marielle Helene Eckes y la corredora de bienes raíces, Nelly Maritza Aguilera Concha (que le vendió una casa en Ixtapa).

El segundo, para el cual se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, en la causa penal 211/2019, es por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Además de él, están imputados su hermana, Gilda Susana y el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.

Hasta febrero pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había congelado cuentas de 14 personas físicas y morales relacionadas con las investigaciones en las que está implicado Lozoya Austin, tanto en el caso de Odebrecht, como AHMSA.

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