Entrevista a José Octavio López Presa, presidente del SNA

El presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), José Octavio López Presa, fue enfático: “los obstáculos siguen, a todos los niveles y en todos los ámbitos”, no obstante, dijo, hay avances en el combate a la corrupción en el país.

Entrevistado por El Economista, a tres años de la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el también presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) habló sobre la conformación de los sistemas locales y sus integrantes, que en muchas ocasiones son cuestionados debido a su falta de autonomía.

Un avance en este rubro —manifestó— es una tesis reciente de la Suprema Corte que avala que los CPC de las entidades puedan impugnar los nombramientos debido a que tienen interés legítimo sobre ellos.

—¿Cómo va el SNA?

Yo lo veo bien porque sí está logrando un cambio paulatino, creció con muchas expectativas y ha habido mucho entusiasmo por personas de la sociedad civil, pero los obstáculos siguen a todos los niveles y en todos los ámbitos, pero veo el avance.

Para mí, del tema principal, con el surgimiento del SNA y los sistemas estatales, surge la necesidad de separar la política de la justicia y las instituciones que conforman los sistemas estatales y el sistema nacional, muchas de ellas son de procuración e impartición de justicia y está siendo cada vez más evidente para la población y sobre todo para los integrantes de los sistemas la importancia de la imparcialidad y profesionalismo.

No vamos a tener un combate a la corrupción efectivo mientras los auditores, los tribunales, las fiscalías, los poderes judiciales en los estados y a nivel nacional sigan estando controlados o estando manipulados o estando capturados.

—¿Se ha centralizado el combate a la corrupción en Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera?

La cuestión de la centralización, yo creo que no hay tal, ¿por qué?, porque ya hay muchos sistemas estatales actuando con sus propias leyes locales y están empezando a procesar a políticos, funcionarios y empresarios locales con sus leyes.

Ahora también hay delitos federales, esos indudablemente se van a tener que procesar por instituciones de la Federación.

—Los casos emblemáticos aún no llegan a la Fiscalía Anticorrupción, siguen en áreas centralizadas de la Fiscalía General, ¿cómo leer esto?

En efecto, la Fiscalía Anticorrupción es nueva, tiene muy poco personal, está todavía desarrollándose, pero también creo que la Fiscalía General no quiere tomar ningún riesgo de que le tiren los casos por una supuesta falta de competencia, entonces yo creo que hace esta separación de llevar los casos que tuvieron violaciones con las leyes anteriores con las instituciones anteriores.

Y yo esperaría que los casos nuevos que están sucediendo posteriores a la entrada en vigor de las leyes generales, pues esa sí, la Fiscalía Anticorrupción federal sería la responsable.

—Se aprobaron en lo general los nuevos formatos de declaraciones, pero el Poder Judicial no los aplicará.

Como Comité Coordinador federal creo que hemos dado un paso muy importante que es tener sesiones públicas y digamos auténticas, en donde no hay ninguna reunión previa en donde nos ponemos de acuerdo.

Efectivamente aquí hay una situación que presenta el Poder Judicial (...) Es mi apreciación, que los formatos se quedan cortos y que ellos tienen muchas más limitaciones adicionales a lo que específicamente marca la sección de intereses de los formatos porque ellos tienen muchas más prohibiciones.

A lo que llegamos es que tú adapta, Poder Judicial, un formato en el que incluyas más cosas para los jueces y los magistrados que no le aplican a otros pero, como mínimo, utiliza la información de intereses que tiene que declarar el resto de los funcionarios a nivel nacional (...) eso es lo que discutiremos en las próximas semanas.

—Se dio a conocer que el fiscal Gertz Manero y Lozoya tienen el mismo abogado, ¿es esto un conflicto de intereses?

Yo creo que aquí el fiscal general debe una explicación pública del por qué no tiene un conflicto.

Lo que sé es que él ha declarado, no necesariamente en público, que él directamente no está relacionado con los casos porque él no es el fiscal o el Ministerio Público que está llevando el caso contra Lozoya sino hay alguien que es un Ministerio Público que tiene autonomía constitucional.

Entonces él no está influyendo en esa parte, pero de cualquier manera lo tiene que decir él, lo tiene que demostrar él, entonces yo creo que nos debe una explicación.

EL DATO

La austeridad republicana llegó también al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con lo cual se generaron despidos.

Según información confirmada por fuentes de la Secretaría Ejecutiva del SNA, hasta la fecha se han realizado dos recortes de personal, uno en abril y otro en junio pasado, derivados de las políticas de austeridad implementadas en la actual administración.

Para este proceso, el área administrativa de la Secretaría Ejecutiva del SNA entregó formatos estandarizados a los empleados para firmar “sus renuncias”.

Según empleados consultados por esta publicación, fueron, entre ambos recortes, unos 30 trabajadores los que salieron de la instancia de combate al flagelo.