Aun cuando el delito de ejercicio indebido en el servicio público lo habría cometido la extitular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, se habría cometido en los ejercicios fiscales del 2013 y el 2014, es decir, antes de que se aprobara en la Constitución el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), algunas de las herramientas de ese entramado institucional podrían servir para ir al fondo de la investigación e impartir justicia, si existe la voluntad para ello, planteó el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

En entrevista, destacó que un indicador que reflejará si el gobierno mexicano quiere ir hasta las últimas consecuencias en la investigación de la llamada Estafa Maestra es si van por la red de delincuentes que participaron en el desvío de recursos públicos, utilizando un complejo sistema en el que están involucradas universidades y empresas fantasma o simplemente se quedan en uno o dos funcionarios procesados.

De acuerdo con la investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, son varios los funcionarios, excolaboradores todos de la exsecretaria de Estado, los que de alguna u otra forma participaron en el entramado que permitió desviar dinero destinado a programas públicos.

Para cerciorarse de si está funcionando no sólo el SNA sino la estrategia anticorrupción del gobierno actual, sería necesario observar si lograrán desmantelar la red y recuperar los activos (o el dinero que se habrían llevado), explicó.

El especialista en temas anticorrupción expuso que en este proceso tendrán un rol primordial la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como el Servicio de Administración Tributaria, que con la reforma constitucional que hizo posible el Sistema Nacional Anticorrupción, se convirtieron en las dos grandes turbinas de la Fiscalía General de la República y, en este caso, de la Fiscalía Anticorrupción.

Dijo que lo que sorprende, en el caso específico de Robles Berlanga, es que se anuncia una investigación sólo contra una exfuncionaria, cuando la referida indagación periodística documentó la participación de muchas personas.

Además de que, en este tipo de casos, cuando realmente se va en serio, normalmente van primero contra las personas que integran la red y luego contra las cabezas visibles.

Hay nuevas herramientas para investigar

Bohórquez hizo referencia a una serie de herramientas que pueden ayudar a la investigación, aunque las imputaciones que deriven de las investigaciones deberán procesarse con el marco legal vigente en el momento en que se cometieron los hechos que constituyan delitos.

En primer lugar, destacó que ahora existe una fiscalía anticorrupción con autonomía propia que es la responsable de investigar el asunto.

Asimismo, las investigaciones que realice la Secretaría de la Función Pública tiene que presentarlas ante un tribunal y no sancionar la secretaría misma como ocurría antes, con lo cual se imponían sanciones mínimas a funcionarios, incluso cuando incurrieran en quebrantos millonarios. Ese era el truco de los órganos internos de control “que sancionaban bajito”.

También comentó que ahora el SNA cuenta con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos reconocidos por su conocimiento en asuntos de anticorrupción, quienes pueden deliberar y empujar la investigación de delitos en las diferentes instancias del sistema.

El director de Transparencia Mexicana indicó que, entre las herramientas que ahora ofrece el SNA, está el hecho de que ahora la autoridad no necesita que haya una denuncia para investigar presuntos casos de corrupción.

[email protected]