La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el pasado viernes la Ley de Remuneraciones aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y con ello dejó sin efectos la primera de las políticas de austeridad instauradas por la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La SCJN admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y suspendió la aplicación de esa ley hasta que resuelvan dichos recursos.

Al admitir a trámite el recurso de senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano e independientes, el ministro instructor Alberto Pérez Dayán aclaró que la suspensión no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos como así lo consideren.

Señaló que “con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio del 2019 no sean fijadas en términos de la ley reclamada”.

Lo anterior “hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución”, expuso el acuerdo del ministro.

De esta forma, el Congreso de la Unión deberá elaborar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 tomando como base los criterios establecidos en la Constitución y tomando en cuenta las propuestas enviadas por las dependencias y organismos públicos.

La semana pasada, los coordinadores parlamentarios en el Senado por el PRI, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, del PRD, el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, del PAN, el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, el expresidente de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, así como el exintegrante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza presentaron una acción de inconstitucionalidad por la ley de Remuneraciones.

De acuerdo con los coordinadores parlamentarios, la Ley de Remuneraciones contraviene los derechos humanos al implementar que un funcionario público reciba un pago por sus actividades por abajo de lo que perciba el presidente de la República.

Además de los senadores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad, la CNDH presentó una acción en el mismo sentido al considerar que la normativa iba en contra de la misma Constitución, así como en contra de lo estipulado en acuerdos internacionales de los cuales México es signatario.

Con la suspensión de dicha ley, la Cámara baja al aprobar el presupuesto de egresos del siguiente año tendrá que hacer caso omiso de la norma. No obstante, los diputados de Morena han señalado que, pese a la suspensión, aún se observará lo que precisa el artículo 127 de la Constitución en donde se indica que nadie podrá ganar más que el presidente. (Con información de Notimex)