Los intentos por parte del crimen organizado de despojar de sus tierras a las comunidades indígenas han provocado que se utilicen a niños como parte de las autodefensas comunitarias, alertó InSight Crime.

De acuerdo con un análisis de la agencia especializada en temas del crimen organizado, en Guerrero, las bandas delictivas conocidas como Los Ardillos y los Rojos son quienes asedian, a través de la violencia, a las comunidades indígenas con el objetivo de hacerse de sus territorios.

“Hay muchos incentivos (para los ataques de Los Ardillos contra las comunidades indígenas). Si bien el mercado de la amapola en general se ha reducido, controlar estas tierras aún permite obtener dinero a cambio de protección”, dijo Falko Ernst, analista de International Crisis Group especializado en México, consultado por InSight.

Ha sido derivado de la actuación de estos grupos y a raíz del asesinato de al menos 10 músicos nahuas en Chilapa, Guerrero, que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores presentó, en enero pasado, un grupo de autodefensa conformado por casi una veintena de jóvenes entre los 6 y 15 años de edad.

La imagen de los niños armados, enfatiza InSight, ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, podría no ser suficiente para poder mejorar la situación en Guerrero.

“Estamos muy lejos de una estrategia real para cambiar las cosas en Guerrero y no creo que las imágenes de los niños soldados cambien la situación”, dijo Falko Ernst a InSight.

De acuerdo con el especialista consultado por la agencia, en la entidad se necesita generar un plan en el que se ataquen las áreas financieras de los grupos criminales, se proteja de manera física a las poblaciones vulnerables y se reconstruya todo el aparato de seguridad local, desde la base.

Después de trascender la noticia de la formación del grupo de autodefensa de niños y adolescentes, autoridades estatales y federales han buscado llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas para que no se utilice a menores.

Una década de conflicto

De acuerdo con el análisis firmado por Chris Dalby y Charlotte Dierkes, Los Ardillos han mantenido actividades criminales en la montaña de Guerrero desde hace más de 20 años. No obstante, fue tras la irrupción en la entidad hace una década de Los Rojos, un grupo que emanó tras la desintegración del Cártel de los Beltrán Leyva, que la violencia entre los integrantes de ambos grupos se desató.

“Tras la desintegración de la organización Beltrán Leyva, su control sobre Guerrero menguó, y Los Ardillos aparecieron como firmes aspirantes al trono”, refiere.

Según el análisis de InSight, Los Ardillos han buscado tener fuentes de financiamiento a través de otras actividades delictivas, tras la caída en los ingresos que obtenían de la venta de heroína.

“La heroína continúa siendo una buena fuente de ingresos, a pesar de que ya no es como antes, y ahora resultan atractivas las oportunidades para la minería e incluso para el control político”, se precisó.

El artículo cita que Los Ardillos se fundaron “por un expolicía, Celso Ortega Rosas, alias la Ardilla, quien cultivaba amapola en Quechultenango, Guerrero, a sólo 45 kilómetros de Chilapa”.

“Luego del asesinato de Ortega Rosas en el 2011, tres de sus hijos tomaron el control del grupo y retomaron la guerra con Los Rojos”, se detalla en el reporte.

Indagarán compra de comisaria de la Guardia Nacional

La Secretaría de la Función Pública revisará el caso de Patricia Trujillo Mariel, comisaria de la Guardia Nacional (GN), quien fue señalada en un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la compra de un software 480 millones de pesos más caro cuando era jefa de la División Científica de la Policía Federal en junio del 2018.

En su tercera entrega de resultados de revisión a la Cuenta Pública 2018, la ASF solicitó sancionar a la doctora Trujillo Mariel, por la presunta adquisición, con sobrecosto, de un software a la empresa israelí Cybergloves LTD.

Al emitir un pliego de observaciones, la ASF exhortó a que el Órgano Interno de Control en la Policía Federal, o su equivalente en la actualidad, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades.

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