El próximo 22 de diciembre se cumplen 21 años de la matanza en Acteal, un hecho que evidenció la saña, crueldad y salvajismo con el que se pretendió controlar una situación política y social, que hoy se mantiene como una costra de esas que cuando se rascan sale sangre.

En una revisión histórica, Mónica Uribe plantea que la confluencia de diversos factores como la crisis económica, necesidad de integración económica y cultural a occidente, presión de Estados Unidos por la modernización a marchas forzadas y ascenso al poder de una nueva derecha, en combinación con el interés de integrar y dominar políticamente a los grupos originarios crearon las condiciones para que ocurriera ese hecho.

El 22 de diciembre de 1997, un grupo de alrededor de 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños integrantes de la organización pacífica Las abejas, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas.

El saldo del episodio fue 45 muertos, todos indígenas tzotziles, entre ellos 18 mujeres (cuatro de ellas embarazadas), 16 niñas, cuatro niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves.

De las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos de herida de bala los recibieron por la espalda.  Eran proyectiles expansivos.

A través del libro El Dolor de Acteal, publicado por Eón Sociales y que mañana martes será presentado en la Fundación Elena Poniatowska, Mónica Uribe señala como el personaje central al expresidente Ernesto Zedillo, a quien, en el 2014, una Corte de Estados Unidos eximió de responsabilidad legal por esos hechos.

La revisión realizada por la autora la lleva a concluir que “Ernesto Zedillo Ponce de León es el responsable último de los acontecimientos de Acteal”.

Sostiene que la estrategia para eliminar al “pariente incómodo que pone en vergüenza a la familia”; es decir, a las comunidades indígenas de Chiapas efectuada por Ernesto Zedillo y su grupo compacto, específicamente Liébano Sáenz, tuvo precisamente el efecto contrario: demostró que el grado de autoritarismo soterrado del último presidente del sistema político posrevolucionario clásico, quien para revertir esa imagen podría haber permitido la primera alternancia política en la presidencia de la República.

Destaca que es evidente que el gobierno federal y la clase política local chiapaneca en 1997 tenían conocimiento de los sucesos de Acteal antes de que sucedieran. Es más “no les importó propiciarlos pensando que con ello acabarían con la insurrección en Chiapas”.

Además, Mónica Uribe remarca a través de una serie de datos que, en el caso de la matanza de Acteal, no se trató, como se dijo inicialmente, de un enfrentamiento interreligioso, sino del enfrentamiento de dos lógicas que parten en dos o tres a las comunidades indígenas y trascienden el espacio de lo religioso.

Este libro trata de remarcar, una y otra vez, que el caso debe entenderse como un hecho que obedeció a una multiplicidad de factores de índole política, social, económica y religiosa.

“El caso Acteal, es la muestra fehaciente de que el neoliberalismo —con la clase política que lo promueve, que se caracteriza por una total carencia de humanismo—, ha campeado en la visión política del gobierno mexicano de 1995 a la fecha”, destaca.