La corrupción ha sido puesta en la mira por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el gran problema —junto con la inseguridad— a resolver durante el próximo sexenio, y en este tenor, la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha sido a pasos aletargados.

Han pasado dos años desde que el Comité Coordinador del sistema sesionó por primera vez sin un fiscal anticorrupción, silla que en la actualidad aún se encuentra sin ocupar y por la cual todas las sanciones en materia de corrupción no han sido aplicadas.

En materia local, con corte hasta el 30 de octubre del año pasado, 21 de las 32 entidades habían terminado de realizar las reformas necesarias para construir sus sistemas anticorrupción, reformas que debieron estar listas en el 2017, de acuerdo con la legislación creada en el Congreso de la Unión.

Otro factor es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que se encargará de sancionar a los servidores públicos que cometan actos de corrupción.

En su breve paso por el Senado de la República, la actual secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, propuso eliminar las cinco salas del TFJA especializadas en materia anticorrupción.

En la iniciativa que presentó Sánchez Cordero expone que hay una disonancia entre las reformas constitucionales que dieron vida al andamiaje del SNA y la Ley Orgánica del TFJA que se deben corregir y por lo cual no hay la estipulación clara de crear dichas salas, por lo que propone no crearlas.

La iniciativa aún se encuentra en comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Hacienda de la Cámara alta, las cuales deberán pronunciarse sobre el tema.

En caso de que la iniciativa no pase en el Senado, aún falta que sean nombrados por esta misma Cámara a los magistrados que ocuparán dichas salas especializadas.

Además de estos factores, se encuentra el reciente nombramiento del fiscal general de la República, que ha quedado envuelto en polémica debido a la cercanía con el presidente López Obrador.

La designación de Alejandro Gertz Manero —quien era encargado de despacho de PGR desde que asumió la Presidencia López Obrador—, ha provocado que organizaciones de la sociedad civil e integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA cuestionen la independencia del fiscal, quien estará en funciones durante los próximos nueve años y quien será superior jerárquico del fiscal anticorrupción, última silla faltante del SNA.

Para José Octavio López Presa, miembro del CPC y próximo presidente del SNA a partir de febrero, el fiscal electo no cuenta con la independencia con la que debe gozar la persona que ocupe dicho cargo.

“Un rubro (para medir la independencia de un funcionario) son sus actuaciones, desde luego, pero también cómo llegaron los que fueron nombrados”, dijo.

En este sentido, López Presa afirmó a El Economista, que durante su periodo al frente del SNA impulsará como su prioridad una métrica y un mecanismo de evaluación de las instituciones públicas del país.

El activista indicó que se buscará evaluar rubros como el servicio profesional de carrera dentro de una institución; “si existe meritocracia, si existe protección jurídica para quienes laboran en ella, si el término en el que están en el puesto va más allá de los periodos sexenales de gobernadores y presidentes.

“Mi intención es convocar a diversos actores y sectores amplios de la sociedad, expertos desde luego también para que creemos esta métrica y podamos medir, que creo será una innovación a nivel internacional, pero sí, desde luego que tenemos la intención de crear esta métrica para evaluar la independencia de cada una de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción”, acotó.

La agenda pública

El presidente López Obrador ha adjudicado la reciente tragedia de la explosión de una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha dejado decenas de muertos y heridos, a la corrupción.

No obstante, hasta ahora no se ha pronunciado sobre si el SNA debería de intervenir o realizar acciones en la materia.

López Presa enfatizó que el SNA no sólo debe de estar en las coyunturas de la agenda pública, sino que es una institución que se debe enfocar en terminar de construir lo que por mandato constitucional se exige: que son los sistemas locales anticorrupción y el mismo SNA.