En México, el bajo nivel de enjuiciamiento y la impunidad siguen siendo un problema para prácticamente todos los delitos como feminicidios, homicidios, desaparición, tortura y ataques a periodistas y activistas, alertó el Departamento de Estado de Estados Unidos en un informe sobre derechos humanos.

“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos. La agencia federal de estadísticas del gobierno (en referencia al Inegi) estimó que el 94% de los delitos no se denunciaron o no se investigaron. Hubo informes de algunos agentes del gobierno que eran cómplices de bandas criminales organizadas internacionales y hubo bajas tasas de enjuiciamiento y condenas por estos abusos”, detalló el estudio.

Mencionó que si bien las autoridades mantuvieron en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos actuaron independientemente del control civil. “Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”, sostuvo.

Añadió que los grupos armados están implicados en la mayoría de los homicidios; desapariciones forzadas, además de que prevalece la tortura por parte de las fuerzas de seguridad; “condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales en algunas cárceles; arresto arbitrario y prisión preventiva prolongada; violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos; graves actos de corrupción; impunidad por casos de violencia contra la mujer; violencia dirigida a personas con discapacidad y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; y la existencia de las peores formas de trabajo infantil”.

Añadió que los miembros de la delincuencia organizada y los narcotraficantes, “fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia, especialmente dirigido a grupos vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la gran mayoría permaneció impune”.

Puso como ejemplo que el 4 de mayo del 2020, el joven Giovanni López murió bajo custodia de elementos de la Policia Municipal de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.

También recordó que el 3 de julio del 2020, un grupo de militares remataron al único sobreviviente de un tiroteo suscitado contra integrantes de un cártel en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La justicia

El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que los ciudadanos mexicanos tienen acceso a un Poder Judicial independiente para buscar reparación civil por violaciones de derechos humanos, pero esto está sujeto a que los jueces encuentren culpables de delitos.  

“Para que un demandante pueda obtener daños y perjuicios contra un acusado, las autoridades primero deben encontrar al acusado culpable en un caso penal, una barrera importante debido al número relativamente bajo de condenas penales”, sostuvo.

Tortura

Sobre los casos de tortura, el informe mencionó que en enero de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) tenía bajo investigación 4,296 averiguaciones relacionadas con la tortura en el marco del sistema inquisitorial anterior, pero solamente presentó cargos en un caso durante ese año.

Dijo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) firmó un acuerdo con el gobierno en abril de 2019 para brindar capacitación en derechos humanos a la Guardia Nacional, pero en octubre de ese año informó que no se había realizado ninguna capacitación.

Sistema penitenciario

El informe del gobierno estadounidense mencionó que el Sistema Penitenciario Federal de México tiene 210,287 reclusos en 295 instalaciones estatales y federales con una capacidad diseñada para 221,574 reos.

“Algunas cárceles estaban suscritas por debajo del nivel necesario, mientras que otras estaban superpobladas. Según el medio El Economista, el 46% de los presos compartía celda con cinco o más reclusos y el 13% compartía celda con 15 o más reclusos. El estado de Baja California tuvo el mayor número de celdas superpobladas”, mencionó.

Libertad de expresión

El informe mencionó que periodistas y activistas fueron sometidos a ataques físicos y ciberataques, acoso e intimidación, especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones delictivas transnacionales, debido a sus publicaciones.

“Esta capacidad limita a los medios para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros que fueron asesinados cubrieron el crimen, la corrupción y la política local. Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o los ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y la reducción de la libertad de expresión y de prensa”, alertó.

Finalmente, dijo que “Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, la agencia de noticias del gobierno, ordenó a los periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales, según el diario Aristegui News, el medio digital Signa Lab y la ONG Artículo 19”.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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