En un país lastimado por la violencia y la delincuencia, donde los reclamos son comprensibles, es necesario aclarar que la impunidad se debe a las deficiencias y malas prácticas de las instituciones de procuración de justicia, y no al debido proceso, exhibe el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

El debido proceso es el derecho humano que obliga a las autoridades a ajustarse a una serie de reglas preestablecidas en las leyes, con el objetivo de llevar a cabo la investigación y la sanción de un delito, respetando ciertas garantías mínimas de una persona, explica un equipo de investigadores de este think tank.

Mediante el análisis El problema no está en el debido proceso , la consultora abunda en que el debido proceso se traduce en estándares muy concretos que imponen obligaciones puntuales para el agente aprehensor, el acusador y el juzgador. El respeto al debido proceso no significa más derechos para los imputados, sino más posibilidades de una auténtica justicia.

El CIDAC refiere que la importancia del debido proceso reside en que protege a inocentes y culpables de arbitrariedades y abusos.

Las tortura constituye la mayor expresión de una violación al debido proceso de los imputados.

La falta de capacidades para realizar investigaciones científicas apegadas al respeto de los derechos humanos, aunada a la exigencia ciudadana de resultados, ha derivado en un escenario nacional en el que la tortura se ha establecido como el método más usado para conseguir confesiones que no necesariamente equivalen a la verdad .

ana.langner@eleconomista.mx