Al considerar que el “acuerdo militarista”, publicado el 11 de mayo, con el que la Presidencia de la República faculta a las Fuerzas Armadas (FA) para participar en labores de seguridad pública hasta 2024 viola la Constitución, cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) múltiples amparos en contra del mismo.

“El acuerdo viola la Constitución mexicana porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado, y complementario; además de violar las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

“Estos requisitos buscan limitar la arbitrariedad, violencia y opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, señalaron organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; México Unido Contra la Delincuencia; EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta.

Fue a través de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que solicitaron al PJF que ordene a la Presidencia de la República a emitir un nuevo acuerdo que incluya parámetros que garanticen que la operación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Además de pedir el informe previo ante el Senado sobre la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas permanentes y los detalles del plan de retorno a los cuarteles, una vez terminado el periodo contemplado en el acuerdo.

Y finalmente, la exposición pormenorizada del estado de desarrollo de la Guardia Nacional, incluida su estructura, capacidades e implantación territorial.

Las organizaciones sociales señalaron que, previamente, los amparos presentados por vía electrónica fueron desechados bajo argumentos “formalistas” y no aplicables para el contexto que atraviesa el país, lo que atenta contra el derecho al acceso a la justicia.

La CNDH emite recomendación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos debido a la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la desaparición forzada de 27 personas, 12 de las cuales fueron asesinadas y encontradas posteriormente en fosas clandestinas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, durante marzo, abril y mayo del 2018, elementos de la Marina participaron en la detención arbitraria y desaparición de estas personas.

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