Identifican patrones en violencia sexual cometida contra menores en preescolares y primarias de México

Investigaciones de organismos internacionales, y en conjunto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., revelaron que desde hace más de una década, en al menos 18 escuelas ubicadas en siete estados del país, decenas de niñas y niños han sido víctimas de explotación sexual infantil en preescolares y primarias públicas y privadas, ello a través de patrones de violencia extrema y tratos indignantes.     

A través del informe “Es un Secreto” la explotación sexual infantil en escuelas, las organizaciones sociales lograron documentar como los menores víctimas son sacados de los institutos educativos para ser sedados y posteriormente, cometer diversos actos de abuso sexual en su contra, agresiones que son cometidas por múltiples adultos cercanos a su entorno escolar.  

Según la investigación, los hechos que describen los menores sobrepasan incluso los casos más graves de abuso sexual infantil usualmente documentados. Sometidos a una combinación de violencia sexual, física y psicológica, los comportamientos documentados pudieran ser indicativos de que algunas escuelas han sido capturadas para la comisión de delitos de explotación sexual en línea.

Así lo revelan los testimonios de múltiples niños y niñas, quienes describen también la presencia de cámaras de video usadas durante los abusos. De acuerdo con las víctimas, se trata de un tipo de violencia severa e inusual que incluye rituales, escenificaciones y hasta el uso de excremento u orina y otras acciones extremas que han sido documentadas, como parte de la violencia sexual ejercida contra niños y niñas.

Mientras que dichos abusos cometidos en preescolares públicos y privados no es investigada por autoridades judiciales, pues aunque han sido denunciados durante años por un grupo de académicos y activistas, quienes vienen exigiendo una investigación, en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación con tan solo cuatro oficios en los que negó reconocer a los denunciantes como víctimas y también su posibilidad de impugnar la falta de investigación.

Los antecedentes de las investigaciones datan desde el 2008, cuando la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. conoció del primer caso de explotación sexual infantil en escuelas. Se dijo que la violencia narrada por las víctimas, en edades de 3 y 4 años de edad, describen actos monstruosos a manos de adultos entre los que se incluyen autoridades educativas.

Por ello, desde entonces, la oficina ha conocido de múltiples casos que involucra a maestros, personal de intendencia y hasta la directora de instituciones, quienes han realizado, de manera conjunta, abusos de diversos tipos en contra de niños y niñas.

La magnitud de estos actos reportan que las víctimas también fueron atadas, amagadas y penetradas de diversas formas denigrantes y humillantes que incluyeron el uso de papel sucio con excremento. Las víctimas describen, además, que fueron sacados de la escuela, sedados y posteriormente, amenazados con la exigencia de que guardaran silencio.

En tanto, el escenario de abusos ocurrido en diversas escuelas públicas y privadas en México forma parte de una serie de patrones aberrantes de abusos sexuales realizados en contra de niñas y niños indefensos que repite en al menos 18 escuelas en siete estados de la República.

Asimismo, se indicó que la justicia mexicana mediante la Fiscalía General de la República (FGR) ha tenido conocimiento de estos casos desde hace años. No obstante, cada uno se investiga de manera aislada como simples casos de abuso sexual que coinciden en una escuela.

Además de que en las investigaciones nunca se ha accedido a indagar el patrón delictivo más ampliamente como lo han denunciado las víctimas.

De igual manera, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tenido conocimiento desde hace años de estos casos, siendo la respuesta del organismo el no informar ante la policía o la fiscalía cada vez que recibe una denuncia sobre presuntos delitos graves en una escuela cometidos contra niñas y niños, ya que en su lugar, la SEP se investiga a sí misma, por lo que ante este procedimiento institucional es imposible distinguir la incompetencia del encubrimiento.